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Una familia de la comarca del Área Sanitaria de Osuna, una viuda y sus dos hijos, ha recurrido a la justicia para conseguir que se cumpla el derecho a la indemnización que le corresponde por parte del Servicio Andaluz de Salud por un caso de negligencia médica. La Intervención de la Junta le ha negado el derecho a percibir una compensación de 73.000 euros, porque la mujer no estuvo casada con el fallecido, ni inscrita en el registro de parejas de hecho, a pesar de que convivió con el fallecido durante más de 15 años.
 
La familia, representada por el abogado Pedro Arnaiz, ha presentado un recurso contencioso administrativo para instar a la administración andaluza a que haga efectiva esa indemnización que reconoce el propio Servicio Andaluz de Salud, según explica el letrado. La información la ha adelantado este viernes Diario de Sevilla.
 
La Intervención niega esa indemnización, a pesar de que el propio Servicio Andaluz de Salud dictó una resolución favorable y el Consejo Consultivo de Andalucía lo reconoció, porque hubo una mala praxis. Ocurrió en el año 2017, cuando al paciente no se le administró en el Hospital comarcal La Merced unos antibióticos, a pesar de que su situación clínica lo requería. La Intervención se opone a que el SAS abone esa indemnización porque la viuda no estuvo casada con la víctima. El abogado lo considera "una barbaridad jurídica".
 
La posición de la Intervención es contraria a la del propio Servicio Andaluz de Salud que ha considerado acreditado la legitimación de la perjudicada para ser indemnizada.  
 
El abogado lamenta el coste económico y jurídico para esta familia que siete años después de la pérdida de un ser querido continúa luchando, ahora a través de los tribunales, para que se repare desde el punto vista civil, en parte, el daño causado por una negligencia sanitaria.