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La Guardia Civil desarticula un entramado delictivo dedicado a la falsificación de diplomas de cursos de formación. Este operativo se ha desarrollado en el marco de la operación “Encofrador” y ha dado como resultado 6 detenciones y otras 18 personas investigadas por el supuesto delito de falsedad documental. Además, a uno de los detenidos se le imputan también los delitos de estafa, usurpación de estado civil y corrupción entre particulares. 

La investigación se inició hace dos años, en Puente Genil, tras conocer la Guardia Civil de que una academia de formación había intentado homologar diplomas y certificados en la Fundación Laboral de la Construcción que acreditaban la realización de un curso de encofrador, impartidos supuestamente en esta academia.

Las primeras investigaciones permitieron comprobar que en la citada academia no se había realizado ningún curso de encofrador, ni habían tenido como alumnos a las personas que figuraban en los diplomas. Asimismo, se pudo averiguar que estos diplomas habían sido confeccionados por una academia de formación con sede en la provincia de Jaén, quien los había remitido a la empresa constructora que había solicitado ante la Fundación Laboral de la Construcción su homologación.

El operativo policial continuó en otra academia de formación de la provincia de Jaén, se realizaron varios registros y fueron intervenidos 244 diplomas de la rama de la construcción supuestamente falsificados, otros 1.500 diplomas vírgenes con la marca de agua de la academia dispuestos para ser impresos, así como 1.630 diplomas o certificados de cursos de formación ya redactados sin que supuestamente el gerente denormativa específica. En el registro también se encontraron sellos, material informático, y diversa documentación que se están analizando.

La investigación ha permitido verificar que la academia investigada ha podido expedir unos 2.300 diplomas de certificación profesional fraudulentos de todo tipo (riesgos laborales de la construcción, sanidad, minería, conducción de mercancías peligrosas y vehículos de grandes dimensiones, etc.) a unos 1.300 trabajadores de más de 50 empresas nacionales, así como que el montante estafado podría alcanzar los 300.000 euros.

Paralelamente, la Unidad especializada de la Guardia Civil en este tipo de delitos, ha investigado a una decena de conductores de camiones, autobuses y vehículos de grandes dimensiones a quienes es obligatorio estar en posesión del CAP (Certificado de Actitud Profesional) para poder conducir dichos vehículos, carecían del mismo. De esta forma, los investigadores descubrieron que estos conductores estaban ejerciendo como tal sin tener habilitación alguna para ello.

Modus Operandi de la Falsificación Documental

El gerente de la academia de formación investigada, ayudándose de una de sus trabajadoras, supuestamente ofrecía y publicitaba a empresas de distintos sectores y bajo pago de entre 40 y 240 euros por título y trabajador, certificados fraudulentos a nombre de sus empleados, sin que éstos asistieran presencialmente a ningún tipo de formación. De esta manera podían obtener la certificación de formación en riesgos laborales requerida para poder ejercer trabajos en su mayoría de construcción.

Los cursos, que debían ser presenciales, nunca se llegaban a realizar, ya que la academia investigada fabricaba los diplomas de forma propia y casera emitiéndolos a los trabajadores sin que éstos cursaran presencialmente las horas exigidas para adquirir la formación profesional necesaria.
Las empresas interesadas también se beneficiabande la actividad fraudulenta de la academia de formación, ya que éstas se lucraban de las bonificaciones de los bonos sociales que recibían al invertir en la realización de cursos de formación para sus trabajadores.

La FUNDAE (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo), organismo público estatal encargado de gestionar fondos económicos para ayudar a las empresas a formar a sus trabajadores, también detectó irregularidades en los diplomas.
Ahora los detenidos, junto con los investigados y diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.

En las distintas fases de la investigación, la Guardia Civil ha contado con la colaboración de la Fundación Laboral de la Construcción (Sevilla), la FUNDAE (Madrid), la Empresa Pública de un Hospital de la provincia de Jaén, así como diversas empresas de formación en riesgos laborales y rama sanitaria de las provincias de Jaén, Granada y Sevilla.