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La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, aseguró ayer jueves que el "incumplimiento" de la obligación de pagar a sus empleados, por parte de la empresa adjudicataria del Servicio de Transporte Sanitario del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en el sur de córdoba, "puede llevar a una multa, de un 10% del precio del convenio, e incluso a la rescisión del contrato, que se hará, llegado el caso, si es preciso", advirtió.

Hernández contestaba así, en el Pleno del Parlamento andaluz, a la portavoz de Por Andalucía en la cámara autonómica, Inmaculada Nieto, quien previamente le ha exigido una solución inmediata para los mencionados trabajadores del servicio de ambulancias del sur de Córdoba. La plantilla mantiene una huelga indefinida, desde mediados de enero, y acumula cinco meses sin cobrar.

Rocío Hernández afirmó que en su consejería no han "estado cruzados de brazos", ya que el pasado 27 de enero "se instó a la empresa a la regularización del pago" a sus trabajadores" y, "dos días después, la empresa contestó que estaba en un proceso de recapitalización y que iban a proceder, según un cronograma, al abono de las nóminas", pero "solo ha abonado una nómina, y parece ser que la de febrero está a punto de cerrarse para abonarla". Hace unos días, el sindicato CTA cargó contra la insatisfacción de las promesas, acusando a la adjudicataria y a la propia Junta.

Aún así, según resaltó la consejera de Salud, el pasado 13 de febrero "le exigimos un certificado de estar al corriente de los pagos y, al no recibir ese certificado, puesto que no está al corriente de los pagos, el día 27 de febrero se inició un expediente" de penalización a la empresa adjudicataria.

En cuanto a que la Junta pague directamente a los trabajadores las nóminas que se les deben, la consejera de Salud ha dichoes dinero público" del que se habla y, "por lo tanto, no es que la consejera quiera o no quiera paga”, concluyó.