Andalucía Centro

El gobierno provincial de la Diputación de Sevilla vuelve a lanzar un mensaje de alerta sobre los problemas que se están encontrando los municipios en la ejecución de las obras del Programa de Fomento del Empleo Agrario por el sobrecoste de los materiales.
 
Asun Llamas, diputada provincial de Cohesión Territorial y primera teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Estepa, advierte de que son muchos los ayuntamientos que están paralizando los proyectos o renunciando a la mitad de las actuaciones por no poder hacer frente al incremento del coste de los materiales. 

La diputada socialista lamenta que la Junta de Andalucía no haya atendido la demanda de las diputaciones para que la administración andaluza incremente su aportación al coste de los materiales y para que los lotes de esos suministros se incluyan en la revisión al alza de los precios.

La diputada provincial avisa de que la ejecución del programa con los fondos de este año 2022 va a tener los mismos problemas si la Junta no incrementa su aportación al coste de los materiales.

El reparto del coste de los materiales se reparte en el caso de las dos administraciones supramunicipales así: el 75% lo aporta Juta de Andalucía y el 25% restante la institución provincial.

De momento, los ayuntamientos que tienen una buena situación económica están haciéndose cargo del incremento del presupuesto en materiales. Es el caso de Estepa, donde el Ayuntamiento ha aprobado reservar más de 200.000 para los lotes de los materiales, nunca antes se había destinado tanto dinero, señala Llamas.

La Diputación de Sevilla asegura que la ejecución del programa este año va con mucho retraso. La mayoría de los municipios ha pedido ampliar el plazo de ejecución hasta el 31 diciembre.

Pero incluso, Cohesión Territorial ha solicitado al Gobierno central que se permita contar con el primer trimestre del próximo para terminar las obras.
 
En la provincia de Sevilla el presupuesto en mano de obra se acerca a los 40 millones de euros de este Programa del Empleo Agrario con el que se había estimado que se generarían unos 28.000 contratos entre eventuales agrarios y unas 544.000 peonadas.