Andalucía Centro

Los desahucios por impago de la hipoteca o el alquiler aumentaron en poblaciones del centro de Andalucía durante el año pasado con respecto a 2020, año en el que el Gobierno central aprobó la moratoria de los desalojos para familias vulnerables en el contexto de la pandemia.  El año pasado cerca de 80 familias de Écija, Osuna, Estepa y Puente Genil fueron desalojadas, lo que significa que cada semana al menos se produjo un lanzamiento por el impago de la hipoteca o el alquiler.
 
En el partido judicial de Estepa se registraron el año pasado doce desahucios, de los que diez fueron por el impago del arrendamiento. Los lanzamientos se duplicaron en 2021 en Estepa con respecto a 2020. Pero si se compara con 2019, han descendido notablemente. Ese año se practicaron 22 desalojos, 15 por el impago del alquiler y cinco por procesos de ejecución hipotecaria. Así se recoge en la estadística del Consejo General del Poder Judicial.

En Écija también se incrementaron los desalojos el año pasado. Los juzgados de este territorio ordenaron 54 desahucios, 17 por el impago de la hipoteca y 34 por un proceso de impago del alquiler. Los lanzamientos han aumentado con respecto a 2020, cuando se practicaron 34 desahucios.

En cambio, en Osuna los lanzamientos bajaron en 2021 con respecto al primer año de la pandemia. En 2021 se ordenaron siete desalojos, cinco por procesos de ejecución hipotecaria y el resto por el impago del arrendamiento.  En 2020 fueron el doble los desahucios en esta localidad. 

En Puente Genil se produjeron más desahucios el año pasado con respecto a 2020: cinco desalojos, tres por no pagar el alquiler.

A pesar del repunte el año pasado, los niveles de desahucios están muy por debajo de los máximos en los últimos ochos años. Se destaca el caso de Écija, donde en 2015 se practicaron casi 200 desalojos de viviendas, casi cuatro veces más que en 2021.

El Gobierno central aprobó cuando se desencadenó la crisis sanitaria por el coronavirus una moratoria de desahucios de viviendas habituales para personas y familias vulnerables sin alternativa habitacional. Una medida que se ha prorrogado en principio hasta otoño. A pesar de este llamado escudo social cada semana se produjo al menos un desalojo de vivienda en alguno de los cuatro partidos judiciales consultados: Estepa, Écija, Osuna y Puente Genil.