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Varapalo judicial para las 91 familias que viven de alquiler en las viviendas sociales de Écija de la barriada de La Alcarrachela que pertenecían a una empresa pública que quebró y que fueron adquiridas hace unos años por un fondo buitre. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6 de Sevilla ha desestimado el recurso que presentaron con el que intentaban que se declarara nulo el proceso de compra de los pisos en subasta pública alegando un incumplimiento normativo y solicitaban que la Junta de Andalucía ejerciera el derecho de retracto y adquiriera la titularidad de las viviendas.


Carmen, vecina del bloque, se siente decepcionada y defraudada con la respuesta judicial. Dice que es el sentir de los vecinos. Aun así, van a recurrir la resolución judicial.  

Las familias esperan reunirse la próxima semana con la alcaldesa de Écija, Silvia Heredia. Le piden una solución. Hacen hincapié en que el propietario está acumulando deudas con el OPAEF y Hacienda que están repercutiendo en los inquilinos. No se explican por qué se permite que una empresa deudora que no se ocupa de la barriada, del mantenimiento de los bloques, continúa con la propiedad sin que la administración cambie la situación teniendo en cuenta, remarcan, que son viviendas de carácter social de una promoción pública donde residen personas en algunos casos en situación de vulnerabilidad.

Las familias aseguran que viven con preocupación e incertidumbre su futuro. Denuncian que la empresa tiene objetivos especulativos, les ha pedido entre 40.000 y 45.000 euros por cada uno de los pisos cuando lo adquirió por 12.000 euros.

Carmen insiste en demandar una solución política, porque el problema, remarca, se ha generado en el ámbito político. Advierten de que van a seguir movilizándose.

Las familias seguirán con el proceso judicial recurriendo la resolución a través de la acción jurídica que ejerce el abogado Paco Tejado, con el servicio gratuito prestado por IU Podemos Écija.