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La Junta de Andalucía insiste en dejar en manos del fondo buitre las 91 viviendas sociales de la barriada de La Alcarrachela de Écija que pertenecían a una sociedad municipal pública, Sedesa, que quebró. En las conclusiones finales del proceso judicial en marcha en un juzgado de Sevilla, la administración andaluza se reafirma: dice que no cabe ejercer el derecho de retracto para recuperar el carácter público de estas casas donde viven familias con pocos ingresos, y defiende la legalidad de la compra de los pisos por parte de la empresa, que está repercutiendo en los vecinos el impago de los tributos a diversas administraciones.

El informe de las conclusiones finales que ha emitido al juzgado que estudia el caso, adelantado este viernes por el diario ecijaldia y al que ha tenido acceso esta redacción, reitera los argumentos que ha mantenido hasta la fecha en el proceso judicial impulsado por las familias gracias a la acción jurídica de Izquierda Unida Podemos. Entiende la Consejería de Fomento de la Junta que no cabe el ejercicio del derecho de tanteo y retracto para este caso al tratarse de una primera transmisión de las viviendas en subasta pública – y no de segunda o terceras trasmisiones.

La exconsejera de Fomento de la Junta de Andalucía, Marifrán Carazo, fijo posición en el año 2021. Tras la adquisición de las viviendas por parte de la empresa dijo entonces que no era competencia de la Junta asumir la adquisición de estas casas cuando ya han pasado a manos privadas en una primera transmisión en subasta. En cambio, desde la izquierda política se ha expuesto que si la administración tiene voluntad puede actuar y se ha puesto como ejemplo que la Junta ejerció el retracto en una promoción de viviendas en Santiponce en 2018 para evitar precisamente que pasaran a un fondo de inversión.
 
El grupo municipal de Izquierda Unida Podemos viene reivindicación una solución política para recuperar la naturaleza pública de una promoción de pisos de alquiler social que se construyeron con dinero municipal y que formaban parte del parque público de viviendas.
 
Las familias que han llevado a los tribunales la venta de estas viviendas confían en una sentencia favorable que anule la subasta. Aunque antes van a reivindicar que se les pueda dar una respuesta desde la política.