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El Ayuntamiento de Écija ha aprobado inicialmente la ordenanza fiscal reguladora de una tasa a las empresas de energía por el aprovechamiento del espacio público: el tendido eléctrico o las canalizaciones para llevar el agua,el gas o el teléfono. El objetivo es que este peaje entre en vigor en enero de 2021.
 
Con el rechazo de VOX  y la abstención de Ciudadanos, el pleno municipal en Écija ha aprobado inicialmente esta ordenanza que recoge la regulación de la tasa a las empresas suministradores por el aprovechamiento del espacio público. Una medida fiscal que parte de una moción presentada por Podemos y refrendada tiempo atrás por el Ayuntamiento en sesión plenaria.
 
Esto supone que el Ayuntamiento podrá percibir, gracias a esta tasa, cantidades económicas reguladas por ley por el uso de espacios en suelo, subsuelo y vuelo por parte de estas compañías de suministro. Una medida que se aplica ya en más de 350 ayuntamientos de España, según indica el Consistorio en un comunicado.

El Ayuntamiento de Écija se suma así a la iniciativa de otras administraciones locales que fueron pioneras en regular de manera efectiva el uso que las compañías de suministro realizan de las vías públicas de los municipios. Una iniciativa que el Tribunal Supremo avaló en el año 2017, tal y como recuerda el delegado de Gestión del Espacio Urbano, Sergio Gómez. El  Consistorio cuenta para la elaboración de esta ordenanza y del informe económico/financiero con la entidad Practica Iuris, que nace en el seno de la Universidad de Almería y ya ha trabajado con otros consistorios, como el de Dos Hermanas, en la implantación de estas tasas. 
 
Con la aprobación inicial de la ordenanza, se abre un plazo de 30 días de exposición pública. El objetivo del gobierno local es que entre en vigor este peaje en enero del próximo año. Mario Perea, portavoz de Podemos en Écija, valora la "valentía" del ejecutivo local de plantear la ordenanza –aunque, incide, partió de una iniciativa política de la formación morada. Piensa que es de justicia cobrar este canon a las empresas suministradoras.
 
Hasta ahora, la ley de haciendas locales es la que regula este tipo de tasas, pero según explicó Sergio Gómez, las autoliquidaciones que las empresas de suministros llevan a cabo en la actualidad no se corresponden con el uso real de la vía pública. De este modo, el consistorio quiere llevar a cabo esta regulación que podría traducirse, según las primeras estimaciones, en entre 50.000 y 70.000 euros más para las arcas municipales, aunque se sospecha que estas cantidades podrían incluso ser superiores.

El gobierno local ha dejado claro que estas tasas no van a repercutir en el consumidor final, pues son cantidades irrisorias para estas grandes corporaciones y la mayoría de  precios suministros están regulados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.