Las familias residentes en un bloque de alquiler social de la barriada de La Alcarrachela, en Écija, han vuelto a pedir la intervención de la Junta de Andalucía ante la incertidumbre generada por el cambio de sociedad propietaria de las viviendas. Una representación de los 91 hogares acudió de nuevo al Parlamento andaluz para trasladar su situación y solicitar una respuesta pública.
Durante la visita, Carmen y Valle, vecinas del inmueble, estuvieron acompañadas por representantes de Izquierda Unida-Podemos y mantuvieron una reunión con parlamentarios de Por Andalucía. Según explicaron, el fondo que adquirió las viviendas en una subasta se encuentra en quiebra y sus acciones han pasado a manos de otra sociedad, cuyos planes sobre el bloque desconocen.
Las familias piden una solución pública
Carmen asegura que el conflicto ha empeorado y acusa a la propiedad de haber utilizado las viviendas con fines especulativos y de exigir condiciones económicas que las familias no pueden asumir. Los residentes tienen rentas bajas y algunos se encuentran en situación de vulnerabilidad social.
Valle recuerda que hace más de un año registraron un escrito para pedir el amparo de la Junta y solicitar una reunión con el presidente andaluz, Juanma Moreno, pero que todavía no han recibido respuesta. Los vecinos aseguran sentirse abandonados y también cuestionan la actuación del Ayuntamiento de Écija.
El coordinador local de IU Écija, Salvador Bustamante, defiende que la solución pasa por que las administraciones intervengan y garanticen el carácter público de las viviendas. Izquierda Unida-Podemos ha respaldado a las familias desde el inicio del conflicto y ha financiado el proceso judicial iniciado para recuperar esa condición.
Los residentes anuncian que continuarán con las movilizaciones hasta 2030, año en el que finaliza la vigencia pública del suelo sobre el que se levanta el inmueble. Mientras tanto, reclaman conocer quién gestionará las viviendas y qué condiciones se aplicarán a los contratos de alquiler.
