La aplicación de un canon del 7 % por los derechos de autor de las marchas procesionales plantea un nuevo desafío económico para las hermandades. La medida, cuya entrada en vigor se contempla para la primavera de 2027, podría incrementar los gastos de las corporaciones y afectar especialmente a aquellas con menos recursos.
La tarifa se aplicaría a la comunicación pública de obras protegidas en actuaciones musicales contratadas por hermandades, ayuntamientos u otros organizadores. En estos casos, el pago correspondería a la entidad organizadora, según las condiciones contempladas en el sistema. El calendario previsto no descarta un posible aplazamiento hasta 2028.
Las exenciones legales, una de las principales incógnitas
Uno de los aspectos que suscita más dudas es la posible aplicación de exenciones recogidas en la Ley de Propiedad Intelectual. Las celebraciones religiosas y las actividades organizadas por entidades sin ánimo de lucro pueden presentar supuestos específicos, aunque la exención dependerá de las circunstancias y los requisitos legales de cada caso. La cuestión también afecta a conciertos, certámenes y actuaciones benéficas. La celebración de un evento solidario no garantiza por sí misma que quede libre del pago, por lo que será necesario analizar las condiciones de cada actividad.
Entre las alternativas planteadas figura la posibilidad de establecer una cuota fija anual que permita utilizar el repertorio en diferentes actuaciones, reduciendo la necesidad de afrontar liquidaciones individuales.
El repertorio musical, en el centro del debate
El canon también podría influir en la selección de marchas que interpretan las bandas durante la Semana Santa. Una de las opciones para reducir costes pasa por recurrir a composiciones cuyos derechos de explotación hayan expirado. Sin embargo, buena parte del repertorio contemporáneo continúa protegido. Además, los arreglos musicales pueden generar derechos propios, incluso cuando la composición original se encuentra en dominio público.
La revisión de los repertorios y la comprobación de la situación legal de cada obra serán, por tanto, cuestiones importantes para las hermandades y las formaciones musicales.
Un posible impacto en conciertos y nuevas composiciones
Más allá del coste directo, existe preocupación por las consecuencias culturales de la medida. El incremento de los gastos podría encarecer los certámenes musicales, dificultar la organización de conciertos o llevar a algunas corporaciones a reducir determinadas actuaciones. También se plantea el riesgo de que disminuya la presencia de marchas contemporáneas en las calles y se reduzcan las oportunidades de difusión para los compositores vivos.
El debate enfrenta así dos cuestiones fundamentales: el reconocimiento de los derechos de autor y la capacidad económica de las hermandades para mantener una tradición musical estrechamente vinculada a la Semana Santa. La búsqueda de fórmulas que permitan compatibilizar ambos objetivos será clave ante la posible aplicación de la tarifa.
