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Decisiones adoptadas, desde el año 2015, en materia de Recursos Humanos, en el Ayuntamiento de Lucena, han generado unas deudas y sentencias desfavorables que implican el abono, a la Seguridad Social, a trabajadores y por vía de resoluciones judiciales, de más de dos millones de euros.

El Ayuntamiento acaba de firmar un reconocimiento de obligaciones, por importe de 568.000 euros, para afrontar un primer pago, correspondiente a la ratificación de 49 sentencias, fundamentalmente, en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Los fallos emitidos sostienen, en síntesis, que, sobre todo, al término del período político 2015-2019, el Consistorio accedió a unas subvenciones de la administración autonómica, para planes de empleo, y ajustó los salarios de los beneficiarios a los importes de las ayudas económicas, en vez de vincularlos a su categoría profesional.

Desde el actual gobierno municipal, el edil de Recursos Humanos, Francis Aguilar, culpa directamente al PSOE, y a su actual portavoz, Teresa Alonso, entonces responsable del área de Recursos Humanos, porque, otras administraciones locales optaron por marginar esta subvención o, posteriormente, renunciar a ella. La previsión del equipo de gobierno teme otro desembolso, de hasta 170.000 euros, relativo a litigios judiciales aún por dictaminar.

Aguilar indicaba que "esto es un ejemplo más del desastre que, en materia de Recursos Humanos", apuntaba el edil popular, cometió el PSOE, dirigiéndose, en especial, "a la actual portavoz del PSOE, Teresa Alonso", quien "era la delegada de Recursos Humanos" porque, el PSOE, "voluntariamente vulneró, el equipo de gobierno, un derecho fundamental de todo trabajador, igualdad de puesto, igualdad de salario".

Este montante se une a la deuda contraída con la Seguridad Social, en su mayor porcentaje, igualmente, originada por los desajustes en las cotizaciones de los planes de empleo, y que asciende a un millón de euros. De esta cifra, el Consistorio ha satisfecho un 30%.

De igual forma, el equipo de gobierno les reprocha a los anteriores gobiernos socialistas el gasto de hasta 200.000 euros en la elaboración de una Valoración de Puestos de Trabajo incompatible con la ley de presupuestos o la multa de hasta 250.000 euros por dos casos de acoso laboral en la plantilla municipal. 

No obstante, comentaba que el gobierno municipal "intentará amoldarse a la falta de esos dos millones de euros, lógicamente", precisaba, "afecta a la idea que tenías de gestión", pero "no nos va a quitar de nuestra hoja de ruta, estamos abriendo otras vías de financiación".

Aguilar, finalmente, también ha criticado la contratación, por parte de sus antecesores, de un servicio jurídico externo para asumir la defensa del Ayuntamiento en procedimientos con nulas perspectivas de prosperar.