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La sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que anulaba la sanción impuesta, por Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, contra la asociación de vecinos Crisaras, de Lucena, ya es firme. Expirado el plazo estipulado, el organismo gubernamental no ha formulado recurso y, en consecuencia, la garantía de abastecimiento de agua para este sector residencial, así como restaurantes, bares e industrias, ya es pleno.

El fallo del TSJA invoca la permanencia histórica de las captaciones hidráulicas, desde la década de los años 80 del siglo pasado, incluso asumiendo pautas transmitidas por el Ayuntamiento. 

Isabel Guardeño es la letrada de la asociación de vecinos y ha intervenido en Hoy por Hoy Lucena. En su intervención, ha comentado que "los vecinos están muy contentos" porque "no va a faltar agua en sus viviendas habituales". Significa Guardeño "la manera notoria, pacífica y pública" asentada en este entorno, de obtención de agua y calificaba de "insostenible" la petición de CHG de solicitar la aplicación de la sanción "durante el procedimiento sancionador".

Antes de la resolución de este litigio contencioso-administrativo, el órgano judicial adoptó unas medidas cautelares, que suspendían la ejecución de la sanción y, por tanto, mantenían con validez el suministro de agua.

En 2022, la asociación Crisaras acudía a la jurisdicción contencioso-administrativa para oponerse al expediente sancionador impuesto por Confederación, ahora invalidado. Esta determinación del organismo gubernamental nació de una denuncia, formulada en 2021, por el Servicio de Control y Vigilancia del Dominio Público Hidráulico.

La sanción ordenada por Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que imponía la paralización, sellado y eliminación de los puntos de captación de agua y una multa económica.