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Fijada una tasa única en Lucena, para la tramitación, a instancia del titular, de la declaración de Asimilado a Fuera de Ordenación, de 799 euros. Hasta ahora, la ordenanza reguladora vigente en el Ayuntamiento, establecía un porcentaje fijo y un importe variable en función del presupuesto de ejecución material de la edificación.

La reducción de esta tarifa significaba uno de los acuerdos presupuestarios alcanzados, para las cuentas del presente año, entre el equipo de gobierno popular y Vox, su socio habitual en el Consistorio. Esta variante urbanística permite la normalización de las construcciones irregulares, su eventual inscripción en el Registro de la Propiedad y el acceso a los servicios básicos de saneamiento, abastecimiento de agua y suministro eléctrico.

PSOE e Izquierda Unida votaban en contra, en la sesión plenaria de este último miércoles, correspondiente al mes de agosto, al entender que se quiebra el principio de capacidad económica porque esta corrección elimina, al estipular las cuantías, cualquier diferencia, por volumen o tamaño, entre los inmuebles.

La concejala de Hacienda, María de la O Redondo, adujo la emisión de informes favorables de Secretaría y del área de Gestión de Tributos y abundó en “el precio desorbitado” actual y que “ha echado a la gente para atrás” porque, en dos años, “ha habido 30 expedientes” y vinculados a empresas porque “los particulares no tenían precio para poder hacerlo”.
Al expresar su argumentación, sostenía que reportará “seguridad jurídica” y “beneficios sociales”, aparte de un incremento de los ingresos en diferentes secciones.

Por el contrario, Teresa Alonso, portavoz del PSOE, lamentó que esta recomposición de la ordenanza “se salta” el principio de equivalencia. A su juicio, sí supondrá “una merma” en el balance financiero de las arcas municipales y previó que, en modo alguno, el gobierno municipal alcanzará los 500.000 euros contemplados en este ejercicio a partir de las nuevas disposiciones. Por otra parte, la concejala socialista comentaba que “debería ser como el ICIO” y atribuyó esta proposición al acuerdo entablado con Vox.

 En similares términos, Miguel Villa, de IU, defendió que la patente insuficiencia de peticiones de AFO, por ejemplo, en la zona residencial de Campo de Aras, obedece a que en dos años “no se ha hecho absolutamente nada” para impulsar el Plan Especial.