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El nuevo contrato de limpieza viaria de Lucena, controvertido por la polémica entre el PP y el PSOE, podría entrar en vigor antes de final de año.

Es la intención del gobierno municipal que aspira a duplicar, con esta externalización, una plantilla de operarios mantenida en 23 empleados desde el año 2005.

Este pasado lunes, celebraba su primera reunión una mesa técnica para la elaboración de una memoria técnica y económica que, en su caso, ha de sustentar la viabilidad y pertinencia de esta fórmula, en base a la eficacia y operatividad. El gobierno local prevé elevar este documento al debate plenario, entre septiembre y octubre, y, justo después, promover la licitación de una prestación valorada, por un período de nueve años, en 11,3 millones.

Javier Pineda, concejal de Servicios Operativos, subrayaba que “queremos hacer llegar a toda la ciudad, que se limpie con la misma frecuencia, todas las zonas de la ciudad” porque, en su opinión “no podemos descatalogar a unos barrios por estar en la periferia por falta de medios, que es lo que está pasando actualmente”. Respecto a la articulación de este proyecto, defendía Pineda que “no nos estamos saltando ninguna fase del procedimiento” y “estamos siguiendo el procedimiento que nos marca la ley a rajatabla”.

En la misma comparecencia, como motivo central, el equipo de gobierno popular ha respondido a las críticas vertidas por los socialistas, después de la aprobación de la estructura de costes y las fórmulas de revisión de precios.

Desde el PSOE reiteraron que este proceso adolecía de defectos que desembocaban una nulidad de pleno derecho.

El portavoz del equipo de gobierno, Francis Aguilar, ha culpado a los socialistas de confundir a los ciudadanos y de incurrir en un desconocimiento sobre la ley de contratos del sector público.

Aguilar ha dirigido su réplica al concejal del PSOE, Francisco Algar, reprochándole su gestión económica, en los últimos cuatro años, al frente de Emproacsa. El edil popular verbalizaba que “demuestran el desconocimiento, en una persona que ha dirigido políticamente, varias responsabilidades”, en distintos ámbitos, “durante más de 20 años, ha sido gerente” y aludía a la auditoría del año 2023 donde “queda muy claro lo que dice ese informe”, acerca del balance de Emproacsa, que “ha cerrado con unas pérdidas de más de ocho millones de euros”.

Los populares le han afeado al PSOE su actitud de “falta de respeto” a los técnicos al censurar el proceso administrativo.

Desde el gobierno local han puntualizado que, una vez se implemente en concreto, dividirán Lucena por zonas y asignarán, en cada sector, grupos de trabajadores propios del Ayuntamiento o dotaciones de la empresa adjudicataria.