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Dos ofertas de empleo públicas consecutivas, pertenecientes a los años 2023 y 2024, propiciarán que, más de 45 funcionarios, en diferentes categorías, se incorporen al Ayuntamiento de Lucena en este ejercicio.

El equipo de gobierno aspira a rejuvenecer la plantilla y compensar las progresivas jubilaciones. La mayoría de las plazas se encauza en procesos de libre concurrencia. La Oferta de Empleo Público de la anualidad 2023, iniciada en el mes de diciembre, entroncaba unas 20 plazas; suponiendo 21 puestos el procedimiento correspondiente a este curso que, próximamente, se expondrá en mesa general de negociación. A estas se suman otras plazas, en su momento, contempladas, pero, finalmente, nunca publicadas.

Los empleos enumerados abarcan técnicos de administración general y de gestión, arquitectos, administrativos y auxiliares administrativos o ingenieros de caminos, canales y puertos. Además, la inclusión de plazas de policía permitirá reponer la totalidad de las vacantes formalizadas en los últimos meses.

Francis Aguilar, concejal de Recursos Humanos y Presidencia, durante el balance del primer año de mandato realizado en esta mañana, defendía que “nunca antes en la historia”, en el Ayuntamiento, ha habido “tal oferta de empleo público, en cartera, en menos de un año”. Desde el gobierno municipal plantean “atajar el problema” de la edad alta, “de los funcionarios”, para “no mermar el servicio” del Consistorio.

El equipo de gobierno, asimismo, cifra en un 85% el grado de ejecución del plan de estabilización iniciado y “heredado” y que comprende a 170 trabajadores y 54 bloques de categorías.

De otra parte, Aguilar ha informado de que el Ayuntamiento ha liquidado ya 300.000 euros del millón de euros exigido por la Seguridad Social, a través de la Inspección de Trabajo, y pertenecientes a desfases relativos a las cotizaciones de los beneficiarios de los planes de empleo subvencionado por la Junta.

De otra parte, desde el Consistorio cuantifican que, por cuotas impagadas, a trabajadores procedentes de los mismos programas de inserción laboral, un total de 54 sentencias ya firmes, a partir de otros señalamientos para 2025 por demandas interpuestas por los trabajadores, contrarias a los intereses del Ayuntamiento, podrían acarrear otra multa global de 800.000 euros.