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Las ocupaciones irregulares de viviendas, en la urbanización El Zarpazo de Lucena, continúan perturbando la convivencia en esta zona este de Lucena, sin que se adopten medidas contundentes que terminen de erradicar esta práctica ilegal.

Este último viernes, en una vivienda ya adjudicada a un solicitante de un piso de protección oficial, emplazada en la calle Gavilán, y que, tiempo atrás, ya había sido violentada, fue, nuevamente, objeto de una ocupación irregular. Durante una hora, aproximadamente, un individuo fracturó con una máquina radial la puerta antiokupa instalada en el inmueble. Además, la aparición de la Policía Local acusó una importante demora ante la confusión sobre el lugar exacto del suceso.

En estos momentos, la ocupación irregular afecta a tres viviendas en la calle Gavilán y otras siete en la calle Alondra.

La concejala de Vivienda y consejera delegada de AVRA, Miriam Ortiz, ha señalado que, después de una reunión celebrada en enero, junto al juez decano, el fiscal, la Policía Local y la Policía Nacional, se desmintió la teoría basada en la facultad de recuperación de la vivienda hasta una hora después, como máximo, de la ocupación irregular. La edil popular ha aludido a los complejos y enrevesados procedimientos judiciales.

Ortiz significaba que “como todavía esta vivienda tenía un titular”, aunque “no oficial, se le había propuesto un adjudicatario, se considera que es una usurpación” y, entonces, “la Policía no puede actuar de manera inmediata, pudiendo sacar a esa persona del domicilio”. De tal forma que “entramos en una dinámica de procedimiento judicial, que es desesperante, cuando se cercioraron de que era así, ya estaba la persona allí dentro, y entramos en otro procedimiento”.

Hoy lunes, la delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Carmen Graranados, ha visitado la localidad y ha mantenido un encuentro con un grupo de vecinos de la urbanización El Zarpazo, indignados e impotentes ante las incesantes ocupaciones. Desde el Ayuntamiento y la Junta ponderan la permanente colaboración entre ambas instituciones y la implicación activa de los vecinos para eliminar este fenómeno clandestino.

Granados ha afirmado que la Junta sigue emprendiendo “pasos”, en términos genéricos, aguardando resultados inmediatos, explorando el “encaje legal”, siempre difícil, ha remarcado, para articular medidas contra la vulneración de la propiedad de las viviendas, como, por ejemplo, la incorporación de vigilantes de seguridad privados, por el momento, sin concretar.

En su intervención, abundaba en que “tenemos limitación legal, para según qué medidas”, como “esa que se ha puesto sobre la mesa, la estamos estudiando” y “si no para que sea esa medida, para intentar que sea una medida que tenga esa finalidad que, en cierto modo, se tendría, de disuadir y evitar que se produzcan esas ocupaciones sin título”. En definitiva, “estamos en colaboración con el Ayuntamiento y AVRA, para” disponer “rejas y puertas antiokupas, y, paliar, en la medida de lo posible, e implementar actuaciones”.

La Junta ha impulsado la licitación de sendas actuaciones, de mejora de la habitabilidad y ejecución de reparaciones, por unos 80.000 euros, cada una de ellas, en los bloques de pisos sociales de las calles Alondras y Gavilán, y que, también incidirán en el adecentamiento y subsanación de deficiencias en las zonas comunes.