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El Ayuntamiento de Lucena ha entablado las gestiones pertinentes dirigidas a recomprar el antiguo campo de fútbol municipal. En 2006, el Consistorio enajenó estos terrenos, por 8,7 millones, al grupo sevillano Azahar. Más tarde, la empresa cordobesa Construcciones y Contratas Cabello, actual titular, adquiría esta superficie. La negativa del Consejo Consultivo de Andalucía a reducir al 30% la cifra de viviendas de protección oficial, en una futura promoción inmobiliaria, ha impulsado las conversaciones mantenidas entre la propiedad y la administración local.

El Consistorio y la empresa dueña de esta extensión de 22.000 metros cuadrados han celebrado hasta tres reuniones, durante las últimas semanas, según confirman fuentes municipales. En próximos días, el gobierno local realizará consultas internas y, junto con el jefe de servicio de Urbanismo, la delegada del ramo, Charo Valverde, expondrá la información disponible al alcalde, Aurelio Fernández, y a los tenientes de alcalde, María de la O Redondo y Francis Aguilar, antes de transmitir una respuesta a la propiedad.

Al ostentar bolsas de suelo con amplia capacidad en El Zarpazo, para la construcción de viviendas sociales, desde el Consistorio precisan que, actualmente, en modo alguno, supone una prioridad, necesidad u oportunidad, obtener superficies para la edificación de VPO. En consecuencia, el propósito radicaría en combinar diferentes usos.

En un primer análisis, técnicos de la delegación municipal de Urbanismo sostienen, como tesis esencial, que la normativa vigente admitiría compatibilizar diversas finalidades de utilidad del suelo, exigiéndose, en los sectores reservados a viviendas, respetar el 100% para la calificación de VPO.

Charo Valverde, edil de Urbanismo, en el último Pleno, confirmó “las reuniones que seguimos manteniendo”, en relación a la recompra del campo de fútbol”. Al mismo tiempo, puntualizó que “no hay absolutamente nada cerrado”, aunque, apostilló que “seguimos hablando con ellos”.

El informe, preceptivo y vinculante, emitido en febrero por el Consejo Consultivo de Andalucía, ha gestado esta incipiente negociación. El órgano autonómico refrendó el estudio de detalle configurado en el año 2009 y, en consecuencia, mantuvo en el 100% la cifra obligatoria de viviendas de protección oficial en cualquier promoción inmobiliaria a erigir en esta propiedad.

En sesión plenaria, desde el grupo municipal socialista, el edil Francisco Algar, precisamente concejal de Urbanismo entre la primera y segunda década de este siglo, propuso explícitamente la recompra de este suelo.

Entre los usos hipotéticos, asoman como opciones zonas verdes, residencia de mayores o espacios para aparcamientos.

La empresa Construcciones y Contratas Cabello ha expresado su deseo de conservar un área de los metros cuadrados totales para materializar una iniciativa privada.