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El nuevo reglamento de organización y funcionamiento del Centro de Atención Básica al Inmigrante de Lucena contempla la opción de la externalización de la gestión por parte del Ayuntamiento.

Hasta ahora, trabajadores de Servicios Sociales, apoyados, altruistamente y con una implicación decisiva, por el colectivo Amigos de la Escuela, coordinan y se encargan de este recurso asistencial.

El Pleno, en la sesión de este último miércoles, perteneciente al mes de febrero, aprobaba el documento administrativo que, en su artículo tres, admite diferentes “formas de prestación” de esta atribución municipal. Esta novedad motivó el voto en contra de Izquierda Unida, única formación que se opuso a este punto.

Miguel Villa, portavoz de esta formación, criticaba que “se abra la puerta” a “la gestión privada” y, de otro lado, “en el ámbito del régimen de infracciones y sanciones”, califica los parámetros como una “desproporción absoluta”.

El régimen de sanciones refleja multas desde los 750 a los 3.000 euros.

En su réplica, la concejala de Servicios Sociales, Irene Aguilera, admitió la facultad insertada relativa a la licitación, remarcando, posteriormente, que “la clave” reside en la titularidad municipal.

La concejala popular puntualizaba que “todo va a pasar por Servicios Sociales” y “se va a dirigir de esta área”. Además, los futuros trabajadores “derivarán toda la información a Servicios Sociales”.

Este centro, ubicado en los bajos de la Plaza de Toros, ofrece alimentación, duchas, lavandería, ropero, información y asesoramiento a personas inmigrantes, transeúntes, temporeros y sin hogar.