Andalucía Centro

El yacimiento de Morana se integrará en el patrimonio municipal de Lucena en los próximos meses. El Ayuntamiento y el propietario de la finca, donde se halla la zona arqueológica íbera-romana, han alcanzado un principio de acuerdo que ronda los 300.000 euros.

En estos momentos, técnicos del Ayuntamiento redactan un modelo de contrato que, una vez sea aceptado por ambas partes y revisado por el gabinete jurídico, requerirá de la preceptiva aprobación plenaria.

El precio pactado se cifra en 245.000 euros, impuestos excluidos. Una cantidad que supera, en unos 10.000 euros, la previsión asignada por el Consistorio, a esta adquisición, y distribuida, en principio, entre los ejercicios 2023 y 2024.

El alcalde, Juan Pérez, ha explicado que, “en unos meses”, la administración local podría tomar posesión de un terreno emplazado al suroeste del término municipal, en el entorno de la aldea de Jauja y del espacio natural de la Laguna Amarga. El titular de la finca ha añadido, a la superficie objeto de la transmisión, sin aumento del coste, otra pequeña extensión anexa.

Confirma el alcalde lucentino que “hemos llegado a un principio de acuerdo con el propietario”, quien, enfatiza Pérez, “ha prestado todo tipo de facilidades” y es “para agradecerlo”. En estos momentos, matiza, “estamos pendientes de la elaboración por parte de personal técnico del Ayuntamiento, al que se ha encomendado esa tarea, de un modelo de convenio o contrato”.

Al respecto del pago a satisfacer, apunta que “es un plan plurianual, que se extendería entre 2023 y 2023, con la posibilidad de extenderlo hasta 2024, que es lo que vamos a proponer”. Así, prevé Pérez, se conseguirá que “sea mucho más fácil a la hora de poder hacer los pagos”.

El primer pago, consignado en este mismo ejercicio, ascendería a 50.000 euros, más de 100.000 euros corresponderían a 2023 y, finalmente, los 80.000 euros restantes se extraerían del presupuesto municipal de 2024.

Hace unas semanas, la Comisión Provincial de Cultura y Patrimonio de la Junta autorizaba la división de los terrenos, declarados, en el año 2000, como Bien de Interés Cultural.