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La retirada de la Cruz de las Descalzas de Aguilar de la Frontera, y su posterior eliminación, se adentra, finalmente, en los tribunales.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de la localidad incoa diligencias contra la alcaldesa, Carmen Flores, de Izquierda Unida, a consecuencia de la querella interpuesta por la asociación Abogados Cristianos.

Este colectivo considera que la regidora cometió un delito de prevaricación administrativa al derribar la Cruz, situada, hasta hace semanas, en el Llano de las Descalzas.

Apolonia Castellanos, de Abogados Cristianos, sostiene que “la alcaldesa tiró de forma ilegal la Cruz, y en contra de la voluntad de propios vecinos” y señala que “estaría imputada o investigada por prevaricación”.

A su juicio, los hechos se produjeron “en base a la inquina, es tan grave o más como un delito de corrupción, por lo tanto, entendemos, que esta señora, debería ser condenada e inhabilitada".

El juez matiza que no se admite la querella "en tanto no se subsane el defecto apreciado consistente en la falta de procurador y de poder especial para interponerla, en plazo de cinco días". No obstante, abre diligencias.

Además, el titular del Juzgado de Aguilar de la Frontera expone que en la querella se relatan "hechos que pudieran ser constitutivos de delito".