Andalucía Centro

La Inspección Provincial de Trabajo reclama, en una resolución firme, 986.000 euros al Ayuntamiento de Lucena, correspondientes a liquidaciones pendientes de pago, desde el año 2018, vinculadas a las cuotas sociales de trabajadores contratados con sucesivos Planes de Empleo de la Junta.

Este organismo estatal inició el expediente, contra el Consistorio lucentino, en agosto del 2022. El Ayuntamiento, según la tesis de la Inspección de Trabajo, refrendada por un reciente informe municipal, adecuaba los salarios atribuidos a los empleados a las cuantías de las subvenciones recibidas desde el Ejecutivo andaluz, en vez de abonarles las retribuciones ligadas a la categoría profesional.

El equipo de gobierno ha logrado un aplazamiento de esta deuda, con un plazo de cinco años. Esta fórmula diferida impone una mensualidad de 14.500 euros y genera un recargo, por intereses, de 82.000 euros. No obstante, desde el gobierno municipal pretenden amortizar con mayor anticipación el pago y reducir los gastos generados por esta prórroga.

La semana pasada, para confirmar el aplazamiento, el Consistorio desembolsó 192.000 euros, en concepto de cuota inaplazable.

Francis Aguilar, concejal de Régimen Interior y Personal, ha denunciado el “agravio comparativo” infligido a los trabajadores temporales por los anteriores gobiernos socialistas.

Aguilar ha manifestado que “estamos ante el mayor incumplimiento en ingresos de cuotas a la Seguridad Social que este ayuntamiento ha dejado de cumplir” y, a su juicio, “demuestra que el PSOE, en estos últimos ocho años, no ha llevado bien el departamento de Recursos Humanos”.

Para Aguilar, es el “fruto de una mala gestión” y, también, “la desigualdad del anterior equipo de gobierno en el trato a trabajadores” ya que “se debería haber regido por el convenio colectivo o acuerdo marco”.

A esta multa de la Inspección de Trabajo, se unen las demandas formuladas por los trabajadores afectados, basadas en vulneración de derechos o reclamaciones patrimoniales, algunas de ellas, interpuestas ante el Juzgado de lo Social. El gobierno local estima que estos procedimientos judiciales podrían acarrear otros 800.000 euros de dinero a extraer de las arcas municipales.

El propio Aguilar, en una comparecencia de prensa, ha afirmado desconocer si, desde 2018, los técnicos municipales advirtieron sobre esta práctica “irregular” o si, en su caso, los concejales responsables de Recursos Humanos solicitaron el pronunciamiento de estos profesionales de la administración local.

A este respecto, ha indicado que “desconozco si en su momento hubo algún informe que emitiera el técnico de Recurso Humanos, si no lo pidieran o lo advirtieron”. No obstante, ha remarcado que “el responsable último mayor es el propio delegado que tiene que tomar la decisión”.

La Inspección de Trabajo, en julio del pasado año, ya comunicó una resolución provisional, ahora corroborada.