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Familias del Instituto Federico García Lorca de La Puebla de Cazalla demandan a la Junta de Andalucía que restituya al segundo PTIS, Personal Técnico de Integración Social, que necesitan sus hijos, alumnado dependiente con importantes necesidades. Hay nueve alumnos afectados, varios de ellos con un alto grado de dependencia y discapacidad y movilidad reducida.  El curso comenzó con dos profesionales, pero la semana pasada la administración andaluza envío a uno de los PTIS al otro instituto de La Puebla, al Castillo de Luna, donde también se necesita este recurso.  

 


Álvaro es un adolescente de 17 años con una gran dependencia. Necesita a una persona casi para todo. María José, su madre, explica que cuando comenzó el curso tenía la tranquilidad de que su hijo iba a estar bien atendido, con sus necesidades cubiertas en el aula, al igual que el resto de sus compañeros, con las dos PTIS.

La situación cambió la semana pasada, cuando trasladaron a una de las profesionales al otro instituto que también necesita este personal.

Desde entonces, las familias de los nueve alumnos afectados por la pérdida de un PTIS están muy preocupadas. Lamentan que sus hijos no están siendo atendidos como les corresponde, la única profesional de esta especialidad en el aula está desbordada.

Hay estudiantes con gran dependencia, alto grado de discapacidad. Rocío necesita ayuda para necesidades básicas, como indica su madre Chari, que expresa su impotencia. “Consideramos que ningún alumno debería quedarse sin este recurso esencial. La atención a la diversidad y las necesidades educativas especiales no deben cubrirse a costa de desatender a otros niños que también lo necesitan”, ha expuesto.

Francisco Miguel tiene una enfermedad rara y movilidad reducida, por lo que la PTIS es clave para su bienestar y su trabajo en el aula, cuenta su madre Paqui.

Estas familias lamentan que se haya recortado este recurso, un personal fundamental para el apoyo a este alumnado. Insisten en que es imposible que una sola PTIS atienda a los nueve alumnos y urgen a la Junta a que restituya al segundo profesional.
Están decididas a movilizarse donde haga falta. Aseguran que llevan mucho tiempo luchando por los recursos que necesitan sus hijos, y no van aceptar recortes ni pasos atrás en la inclusión.