Andalucía Centro

El juzgado de Estepa que investiga las presuntas irregularidades en el Consorcio comarcal de Medio Ambiente Sierra sur rechaza de nuevo el ingreso en prisión provisional para el secretario de este organismo y principal investigado, José Antonio Mañas. Responde así al recurso de reforma que presentó Izquierda Unida en su representación legal en este caso como acusación. El juez ya denegó la prisión preventiva para Mañas el pasado mes de enero. En esta nueva resolución, a la que ha tenido acceso SER Andalucía Centro, reproduce los mismo argumentos, y se adhiere a la posición de la Fiscalía, que también rechaza la prisión preventiva para el secretario.

El Ministerio Publico no aprecia ni riesgo de destrucción de pruebas, ni de fuga.
Sobre la destrucción de pruebas, la Fiscalía considera que “no queda acreditado el riesgo” de que se produzca, “habida cuenta de que en las entradas  registros que se llevaron a cabo se incautó todo el material necesario para la investigación. Añade que “todo el material probatorio relacionado con los hechos se encuentra pendiente de análisis por la Policía Judicial”, estando el juzgado a la espera del atestado final.  Sobre este extremo, discrepan los investigadores policiales. Un informe de la Udef enviado al juez a principios de año alertaba de que el principal investigado que sigue en el cargo podría estar moviendo documento y destruyendo pruebas.  Izquierda Unida se ha apoyado en este oficio de la UDEF para pedir la prisión preventiva.

Sobre la solicitud de suspender de funcionar a Mañas como secretario del consorcio, la Fiscalía recuerda que se denegó la demanda por ser competencia de la Administració, y esto no se recurrió. Indica, por tanto, que corresponde a la Administración cesarle de forma cautelar, sin perjuicio, añade, de que el presidente actual del consorcio (actual alcalde de Estepa) adopte medidas pertinentes para relevarle de las funciones como secretario, para evitar riesgos.
En cuanto al riesgo de fuga, la fiscal lo descarta porque el investigado ha acudido en todo momento al llamamiento judicial. Tampoco aprecia la representante del Ministerio Fiscal la posibilidad de que haya una reiteración delictiva.

En el auto, el juzgado señala que el recurso de IU se centra más en censurar la gestión de la actual presidencia del Consorcio y en denunciar irregularidades en la contratación “pasadas y a su entender previsiblemente futuras”, que en razonar los motivos que pudieran justificar la prisión provisional.  En la resolución el juez señala que no se puede incluir como factor para el ingreso en prisión la fiscalización de los mecanismos de contratación de un ente público.
Por tanto, el principal sospechoso en esta causa, que se le investiga por presuntamente haber desviado dinero público a través de una sociedad instrumental, Magno Ambiental del Levante de la que fue administrador, sigue ejerciendo como secretario interventor en el consorcio y, revisando contratos públicos.
Este juzgado ha cifrado de forma provisional y a la baja en 3,4 millones de euros el fraude y daño económico ocasionado al ente público.