Andalucía Centro

Vecinos de las viviendas en alquiler social de la calle Estatuto de Autonomía de Écija adquiridas por un fondo de inversión en subasta pública denuncian estar recibiendo presiones de un representante de la empresa que las compró para que cambien las condiciones del arrendamiento y forzarles a pagar más, y con la amenaza de que puedan ser expulsados de sus pisos. 

Una representación de estas 91 familias se ha reunido con Podemos e Izquierda Unida, formaciones que han llevado el caso a la justicia para que se declare nulo el proceso de adjudicación de esas viviendas al fondo de inversión y se les permita a estos inquilinos ejercer el derecho de retracto y adquirir estos inmuebles, que pertenecían a la antigua sociedad local Sedesa, que quebró.
 
Según explica el portavoz municipal de IU, Eligio García Jódar, van a “estudiar si la empresa está cometiendo un presunto delito de acoso inmobiliario a través de un señor que se persona en las viviendas diciendo actuar en su nombre y que se dedica a amedrentar a los vecinos para intentar convencerlos de que paguen más y cambien su contrato”.

El portavoz de IU,denuncia “falta de cooperación de la Junta de Andalucía a la hora de recabar información para la defensa de estos vecinos y vecinas”, por lo que se ha echo una reclamación ante el Consejo de Transparencia de Andalucía por la falta de respuesta de la consejería de Fomento de la Junta de Andalucía a los escritos presentados por estas familias demandando información importante para su familia. “
 
El portavoz de Podemos en Écija, Mario Perea, remarca que “los vecinos están viviendo una grave situación de inseguridad jurídica por una deuda que no han generado ellos” y considera imprescindible que “cuando llegue el momento hay que depurar todas y cada una de las responsabilidades jurídicas que ha habido durante el camino” en relación a la gestión realizada por el administrador concursal que “ha tomado decisiones de dudosa ética”.
 
Para el portavoz de Podemos, ante todo, aquí hay una cuestión política de fondo que es “la defensa a ultranza” de estas familias frente al “modelo del PP, que es el del pelotazo urbanístico, de los amiguetes, de asignar contratos lucrativos”. Lamenta que la Junta de Andalucía se negó a ejercer el derecho de retracto “y haberles evitado este sufrimiento a los vecinos”.
 
Por su parte Valle Miranda, en representación de las familias, lamenta la situación de “injusticia”. Insiste en que tienen el derecho a seguir en sus casas y poder adquirirlas tras más de dos décadas pagando la renta. ¿Por qué quieren echarnos?, pregunta. “Hemos pagado al Ayuntamiento, al concursal y ahora estamos pagando al nuevo propietario”, concluye.