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Una familia lucentina vivió el pasado jueves un episodio inimaginable y sobrecogedor durante la operación antidroga practicada por la Policía Nacional.

Una equivocación al fijar las coordenadas de una parcela, dividida en inmuebles y naves, según la versión del matrimonio, provocó que su vivienda, localizada en el Camino de la Capilla, fuera objeto de un interminable registro, autorizado por una orden judicial.

Unos ensordecedores golpes metálicos en la puerta principal, antes de las siete de la mañana, sobrecogieron a Mari Carmen y David, quienes, en primer término, temieron ser víctimas de un robo.

Explican que, en modo alguno, guardan relación con el dispositivo que abordó la Policía Nacional y han presentado denuncia en el juzgado de Lucena. Lamentan la dificultad de contratar a un abogado para asumir este caso “porque nos estamos encontrando con una pared”, hasta lograr los servicios de un letrado de Córdoba, y las insolentes actitudes de los funcionarios del juzgado.

Después de varias horas de registro e inspección, incluida la participación de perros adiestrados, con el consiguiente destrozo y pérdida de mobiliario, pertenencias y enseres, la secretaria judicial decretaba la conclusión de la actuación, sin que se adoptara ninguna medida contra esta pareja, como ha narrado Mari Carmen Saiz, en Hoy por Hoy Lucena. Esta mujer ha descrito momentos “horribles” e incluso conductas de “ensañamiento”.

Por encima de otras consideraciones, como la exigencia de responsabilidades por los daños materiales y morales, censuran la presencia del hijo de ambos, de sólo 4 años, en la totalidad de las secuencias, mientras sus padres eran esposados semidesnudos. En un primer momento, el menor, insistimos, de acuerdo a estos testimonios, permaneció sólo en su habitación llorando y, finalmente, los agentes permitieron a su madre, ya sin las esposas, coger al niño, quien acusa, tras esta desagradable vivencia importantes secuelas psicológicas.

El padre, David Martínez, sí continuó con los grilletes en sus manos, situado en el suelo, asevera la condición de “inocentes” y se pregunta por la aplicación de la Ley del Menor.

Fuentes de la Policía Nacional descartan cualquier error en la actuación y añaden que el letrado de la administración de Justicia estaba presente en el registro, siendo el juzgado conocedor de la totalidad de la intervención.

El dispositivo contra el tráfico de drogas practicado en Lucena y Villa del Río finalizó con 11 detenidos y cuatro de ellos han ingresado en prisión.