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El sistema de cámaras de regulación del tráfico en Lucena estará funcionando antes de final de año. El Ayuntamiento publicará la licitación de la primera fase, con un total de 68 unidades, en los próximos días, con un importe de 150.000 euros.

Estos dispositivos, para regular el tránsito rodado, en el casco urbano y otros puntos del término municipal, emitirán las grabaciones, en tiempo real, para su visualización, en la Jefatura de la Policía Local, dotada con nuevas herramientas tecnológicas.

Las cámaras, después de un proceso de tres años, se colocarán tanto en el centro, como en otros puntos periféricos y de los anillos exteriores, y, también, en zonas de segunda residencia y polígonos industriales.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Ángel Novillo, habló de una "apuesta estratégica".

Denegada, en su momento, por las autoridades competentes, la instalación de cámaras únicamente destinadas al esclarecimiento de delitos, de videovigilancia, esta alternativa refuerza la seguridad vial y ha de optimizar la movilidad, contribuyendo a establecer nuevas medidas para descongestionar el tráfico.

No obstante, ante requerimientos de la autoridad judicial, también podrán ser utilizadas las grabaciones para identificar a los autores de hechos delictivos.

Aurelio Fernández, alcalde de Lucena, valoraba que "se han tenido en cuenta" aquellos "sitios que son de especial importancia, están todos previstos" y, por ejemplo, "en la zona centro también hay varios sitios que nos pueden ayudar a mejorar todo, la seguridad vial, la seguridad ciudadana", concretamente, "en el centro y en el entorno de la zona de ocio nocturno".

Finalmente, las cámaras instaladas en 2018, en las calles Ballesteros, Plaza Alta y Baja y Canalejas, como zona de tráfico restringido, y que sí imponían directamente multas, serán retiradas, sin haberse utilizado nunca, al resultar desfasadas, siendo sustituidas por los modernos dispositivos.

José Pino, inspector-jefe de la Policía Local, abundaba en que se pretende "controlar el tráfico y la circulación vial" y, así, "poder definir y tomar determinadas soluciones a problemas". En base a la tipología elegida, "no es necesaria ninguna modificación en la ordenanza municipal, porque no son específicamente destinadas a la denuncia de infracciones". 

Insistía David Navas, subinspector de Tráfico, en que "no son cámaras de denuncia, hay unas que tienen tecnología de denuncia, estás cámaras no echan fotos, las infraciones se pueden denunciar, pero las cámaras no son autónomas".

Una segunda fase contendrá la colocación de otras 25 cámaras. Este primer bloque diferenciará 57 dispositivos ordinarios y 11 de lectura de matrículas. Entre las dos fases, el montante contiene 300.000 euros.

El plazo de ejecución se extiende a cuatro años puesto que el contrato abarca el mantenimiento de estas cámaras.