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El Pleno del Ayuntamiento de Lucena acepta reducir al 30% el número de viviendas protegidas cuya construcción resulta obligatoria en la promoción urbanística a ejecutar en el antiguo campo de fútbol de la localidad.

En el año 2009, el mismo órgano aprobó un expediente, basado en un estudio de detalle, para elevar al 100% la cifra de viviendas sociales estipuladas en unos terrenos de 22.600 metros cuadrados.

La empresa Construcciones y Contratas Cabello, actual propietaria de los suelos, considera que estas condiciones incumplen el Plan General de Ordenación Urbana porque, esta normativa, fija en el mencionado el 30% el número de viviendas a edificar, para VPO, en cada promoción.

En última instancia, ha de pronunciarse el Consejo Consultivo de Andalucía.

La concejala de Urbanismo, Charo Valverde, defendió esta modificación, basándose en los informes del secretario del Ayuntamiento y de uno de los dos letrados de su departamento.

A este respecto, la concejala popular decía que “ante esta solicitud de revisión de oficio, estamos obligados a llevarla a cabo”. Seguidamente, añadía que “por lo tanto entendemos que, con el informe evacuado por el secretario, fundamentado perfectamente, y concluyendo en que se ha vulnerado artículos de la LOUA, entendemos que cabe la revisión de oficio”, en su caso, con la posible nulidad o no, dependiendo de cuándo se instruya”.

Todos los grupos votaron a favor, excepto Izquierda Unida, formación que aludió a las conclusiones del letrado del área de Urbanismo, que rechaza esta vía para favorecer la disminución de viviendas sociales.

Miguel Villa, portavoz de Izquierda Unida, exponía “no es lo más adecuado ni lo más conveniente para nuestros vecinos” y sentenciaba que “se nos llena a todos la boca de buscar viviendas de protección oficial, de promoverlas, pero luego finalmente vamos a llegar a un acuerdo que facilita el camino para que esto no se haga”.

Desde el PSOE, que respaldó la propuesta, Francisco Algar, planteaba la opción de recomprar los terrenos porque la pérdida de valor generaría una importante ganancia para el Ayuntamiento y se dispondría de un ingente número de viviendas para el parque público.

Manifestaba Algar que “si se vendió entonces por cerca de nueve millones”, en consecuencia, “si ahora se pudiera adquirir por 1,5, 2 o 2,5 millones, sería una operación buena en aras de conseguir el objetivo de vivienda pública en nuestra localidad”.

El equipo de gobierno no desechó la posibilidad de estudiar esta proposición.

El estudio de detalle aprobado en 2009 diseñaba la ejecución de 171 viviendas.