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Primer Pleno ordinario de la nueva corporación en Lucena. Una sesión que limitaba su duración a dos horas y cuyos temas principales, salvo alguna excepción, confluyeron en el turno de ruegos y preguntas. Por ejemplo, PP y PSOE cruzaban versiones opuestas sobre la exigencia de un millón de euros de la Inspección de Trabajo al Consistorio.

Una semana después de la comparecencia protagonizada por el portavoz del gobierno municipal, revelando una liquidación negativa de la Inspección de Trabajo, contra el Ayuntamiento, por impago de un millón de euros, en cotizaciones sociales, el grupo municipal socialista ofrecía su versión y preguntaba si el Ayuntamiento recurrirá esta resolución y, sobre todo, defendió el modo de proceder del anterior equipo de gobierno porque, según indicaba, Francisco Algar, concejal socialista, actuó conforme a las normas establecidas.

Algar esgrimía que determinadas cláusulas específicas, contempladas y articuladas por el Consistorio, justificaban la gestión y el desarrollo de estos planes de empleo, objeto de la investigación.

Afirmaba Algar que “aquí se le asignaron tareas específicas en los contratos, había unas cláusulas adicionales que ya indicaban estas tareas específicas”. Asimismo, decía que “también tenían los trabajadores un tutor, con lo cual no eran los mismos trabajos que realizaban los trabajadores laborales”. Igualmente, añadía que “hay un matiz muy importante” dado que” el acuerdo marco vigente, del 1999, a propuesta del PP, con el apoyo de IU”, en su artículo 3, excluía expresamente del ámbito de aplicación del acuerdo marco aquellos contratos que fuesen como consecuencia de programas o políticas de inserción o empleo”.

Nuevamente, Francis Aguilar, portavoz del gobierno municipal, acusó a sus antecesores de ocultar este expediente de la Inspección de Trabajo y de obrar en contra de los preceptos laborales. Asimismo, avanzó que el Ayuntamiento podría enfrentarse a un pago global de 800.000 euros derivado de otras sentencias relacionadas con la Inspección de Trabajo.

Replicaba Aguilar que “tenemos más de 50 sentencias pendientes, 25 ya son firmes y tenemos recurridas también”. En este sentido, señalaba que “eso habla de que puede suponer más de 800.000 euros, y viene a consecuencia de la visita de la Inspección de Trabajo que ha tenido este Ayuntamiento”.

El equipo de gobierno continúa mostrándose reacio a recurrir la reclamación de un millón de euros girada por la Inspección de Trabajo.