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La Inspección de Trabajo reclama un millón de euros, exactamente 997.000 euros, al Ayuntamiento de Lucena por impagos de cuotas sociales vinculadas a las diferencias de cotización en los trabajadores temporales.

El equipo de gobierno actual les ha reprochado abiertamente a sus predecesores el oscurantismo y el silencio sobre esta liquidación dado que la primera comunicación efectuada por el organismo público, anunciando la apertura de diligencias, se remonta a agosto del año pasado.

La cuantía exigida incluye las cantidades detraídas y el correspondiente recargo.

Francis Aguilar, portavoz del gobierno municipal del PP, ha explicado que esta deuda halla su origen en una irregular gestión, tildada de “irresponsable” por Aguilar, de las contrataciones ligadas a los planes de empleo públicos de diferentes administraciones.  El período analizado arranca en 2017.

Aguilar ha señalado que, en vez de aplicar el acuerdo marco, el Ayuntamiento supeditaba los salarios a las subvenciones obtenidas, provocando, ha añadido, desigualdad en los empleados temporales.

El portavoz popular ha hablado de “falta de transparencia” y “la incapacidad” del anterior equipo de gobierno” y ha significado “la desigualdad”, contraria a la Constitución Española, ha puntualizado Aguilar, provocada contra los empleados transitorios al percibir salarios inferiores a sus categorías profesionales.

Los servicios jurídicos municipales habrán de estudiar la interposición de un recurso. El plazo para alegar finaliza en octubre. En principio, Aguilar ha admitido que los fundamentos esgrimidos por la Inspección de Trabajo complican sobremanera la defensa del Consistorio.

Finalmente, Francis Aguilar ha avanzado que los técnicos del Ayuntamiento, actualmente, recopilan datos sobre sentencias firmes, y otras aún con posibilidad de recurrir, que podrían desembocar en consecuencias económicas similares y “muy graves” a esta resolución de la Inspección de Trabajo.