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Trabajadores de Aguas de Lucena se sienten “profundamente ninguneados e indefensos” por la “vulneración” de sus “derechos fundamentales” en la confección de la nueva Valoración de Puestos de Trabajo y avisan de que estudian iniciativas tajantes de protesta como la convocatoria de huelga o acciones judiciales. Denuncian una “injusticia laboral”.

Desde hace días, estos nueve empleados preparaban un comunicado que han publicado justo antes del próximo consejo de administración que, en principio, debería ratificar un preacuerdo que, a juicio de los firmantes, se presenta “plagado” de “irregularidades”.

Este colectivo, que representa a un 40% de la plantilla de la empresa municipal, pertenece, en su mayoría, a las secciones de gestión y administración, áreas atendidas, en un elevado número, por mujeres.

El motivo de este descontento frontal nace hace seis años, cuando se consolida la necesidad de una equiparación salarial con los trabajadores del Ayuntamiento. En 2022, comienza la negociación para configurar un nuevo convenio. En el preacuerdo estipulado, según estos trabajadores, se les atribuye “categorías inferiores” a las que poseen legalmente reconocidas.

Censuran, con gruesas críticas, la actitud del delegado sindical porque, entienden que ha optado por “sacrificar” a una parte de los empleados al objeto de “beneficiar” a otro sector y le reprochan abiertamente su conducta “hostil y despótica” hacia quienes se oponen al contenido del nuevo convenio.

En una exposición escrita de dos páginas, también culpan al alcalde, Juan Pérez, presidente de Aguas de Lucena, de incumplir el compromiso, concertado en los últimos días, de invitarlos a una reunión previa, a la cita del próximo lunes, con el departamento de Personal y el secretario de Emproacsa. Este encuentro, con varias partes, ya ha tenido lugar sin la presencia de estos trabajadores.

Con todo ello, solicitan a los grupos políticos, y, especialmente, al alcalde, la paralización de esta Valoración de Puestos de Trabajo.