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Nueva subida de la factura del agua en Lucena. El precio público de este servicio básico aumenta, de media, un 6,2%. Desde el equipo de gobierno socialista argumentan que los recibos no trazarán una subida lineal sino que se establecen bloques, en la elevación del importe a pagar, y, por tanto, cambia según el consumo.

Los nuevos porcentajes fijan reducciones específicas para las familias numerosas. El acuerdo plenario, que recibió el voto en contra del Partido Popular y la posición favorable del resto de grupos políticos, unifica, en una sola ordenanza, el abastecimiento, el saneamiento y la depuración, y la tipología de la contribución evoluciona de tasa a precio público.

El PP ha vuelto a oponerse a esta solución cómo fórmula para equilibrar el presupuesto de la empresa municipal Aguas de Lucena y recordaba el edil popular, Ángel Novillo, que, en 2020, ya se introdujo otra subida del 6%. A este respecto, aseveraba que “no estamos, ni estaremos, ni estuvimos de acuerdo en subir las tarifas, subir la factura del agua, para cuadrar las cuentas, equilibrar el presupuesto de la empresa que presta el servicio”, porque, a su entender, “es lo fácil y lo más cómodo”.

Desde el equipo de gobierno socialista, la edil responsable de Aguas de Lucena, Mamen Beato, replicaba que este incremento de los baremos es incluso inferior a la progresión del IPC en la última década. La concejala socialista aludía a que “desde el 2019, el IPC ya ha subido” y, más aún, “desde el año 2013, ha subido el IPC, un 16,6%, la subida del agua está por debajo del incremento del IPC” y, además, “las tarifas que establecemos en la ordenanza están totalmente ajustadas” dado que “no hay ni pérdidas ni beneficios en la empresa, Aguas de Lucena, que es una empresa sin ánimo de lucro”.

Esta disposición municipal incluye la opción de imponer un canon destinado a la mejora de las infraestructuras, con la finalidad, directa, de financiar la obra de renovación de conducción de agua desde el Manantial de Zambra a Lucena. Una alternativa, ya validada por el Ayuntamiento, que se insertaría si resultara finalmente imposible conseguir subvenciones de administraciones superiores.

No obstante, esta obligación de pago añadida no entra vigor y para su aplicación debería producirse un nuevo pronunciamiento plenario.