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Un Plan Especial para Campo de Aras, de adecuación ambiental y territorial, es la solución que se aprecia como más factible para resolver la irregularidad de este núcleo poblacional de Lucena, donde habitan unas 500 familias, y acabar, así, con el peligro de una anulación en el suministro del agua, impuesta, desde hace ocho meses, por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, aparte de una multa de 2.000 euros.

Por el momento, esta alternativa, que estudian, desde hace días en la delegación de Urbanismo, y que defiende y propugna Izquierda Unida, aún no ha sido trasladada a los residentes en esta zona de segunda y primera residencia.

El Ayuntamiento, por el momento, ha remitido dos opciones a la asociación Crisaras. La primera, una regularización definitiva y total, ajustada a los cauces legales ordinarios, y por el sistema de cooperación, es la única que reportaría una legalización concluyente, si bien, requiere de un dilatado plazo y de un desembolso económico que la convierten en inviable.

Una “solución intermedia”, como la ha calificado este viernes el concejal de Urbanismo, César del Espino, se basa en emplazar a los vecinos a solicitar, de manera masiva, la declaración de Asimilado o Fuera de Ordenación, DAFO. Esta fórmula la ha plasmado, en un borrador de convenio, el Consistorio, y propiciaría una conexión a la red municipal, a quienes se acojan a esta figura jurídica.

César del Espino, edil de Urbanismo, puntualiza que “lo que sí hay son unas líneas de trabajo que se están desarrollando, una de ellas es un convenio que ha elaborado nuestro secretario general, se le ha presentado a Crisaras y se está valorando”.

De otra parte, simultáneamente, “nosotros desde Urbanismo estamos pensando incluso en otra opción, con lo cual, ahora mismo en la mesa, ahora tendríamos tres opciones, más o menos complejas, no hay ninguna decidida, no se ha optado por una”. Por tanto, concluye Del Espino, “no se pude decir la opción del gobierno es esta, no, porque hay tres encima de la mesa”.

Los vecinos se reunirán, en asamblea, el lunes día 6. Después de rechazar todas las alegaciones al expediente sancionador, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha concedido un último plazo de un mes para presentar un recurso de reposición que agota la vía administrativa.