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La Junta ha encargado al arquitecto redactor del proyecto de la sede judicial de Lucena la elaboración de un informe, sobre una eventual revisión de precios, con la finalidad de evitar una futura paralización de la obra ante el aumento del importe de los suministros. La invasión militar de Putin en Ucrania y otros factores de desestabilización, en el mapa internacional, han provocado esta elevación de los costes de los materiales.

Fuentes de la consejería de Justicia admiten un cierto peligro de inestabilidad en esta obra, iniciada a mediados de diciembre del último año, aunque puntualizan que la situación, en modo alguno, es extrema y aseveran que los trabajos prosiguen con una continuidad ordinaria.

Como desveló, ante una pregunta de Ciudadanos sobre los hipotéticos problemas en el desarrollo de actuaciones de singular magnitud, el concejal de Obras y Urbanismo de Lucena, César del Espino, en el último Pleno, el director general de infraestructuras Judiciales, Miguel Ángel Reyes, visitó, hace más de un mes, Lucena para reunirse, con el propio Del Espino y, también, el alcalde, Juan Pérez, al objeto de prever fórmulas y anticipar soluciones ante un posible escenario de inviabilidad económica, por parte de la empresa adjudicataria, Vialterra.

La Junta buscaba la colaboración del Ayuntamiento, por ejemplo, con la reducción de las tasas, para lograr reajustes en los presupuestos iniciales. También, la administración autonómica podría aplicar incrementos en el pago a la concesionaria ante estas circunstancias sobrevenidas.

Así las cosas, el arquitecto redactor del proyecto, actualmente, examina qué partidas podrían aminorarse si otras experimentan crecimientos y en qué momento de la materialización de la obra podrían surgir los mayores inconvenientes. Todo ello para eludir una paralización de la obra con consecuencias imprevisibles.

La Junta ya ha advertido al Ayuntamiento sobre esta posible contingencia que podría implicar, si la actuación queda interrumpida, considerables retrasos dado que, seguramente, acarrearía una nueva licitación e incluso la extinción del contrato.

El inicio oficial de esta obra acontecía a mediados del pasado diciembre. El plazo de ejecución es de 18 meses y el presupuesto asciende a 5,1 millones.

Del Espino alertaba de que, lo más complejo, en este tipo de coyunturas, se refiere a la dificultad de hallar presupuesto disponible, en este caso, en la Junta, para afrontar el crecimiento del montante.

César del Espino negó contratiempos graves por la subida del importe de las provisiones en actuaciones de origen municipal. En cambio, sí desveló que el Ejecutivo andaluz ya había “puesto sobre aviso” al Ayuntamiento acerca del futuro de la intervención que se ejecuta en la parcela de la Huerta del Carmen, puesto que “no sería raro” una paralización que “hasta ahora no ha ocurrido”.

El edil socialista advertía de que “lo más pernicioso para los ciudadanos o para una ciudad” radica en la interrupción de un proyecto de este calado ya que se intensifica el temor a que “el constructor no pueda continuar, decida resolver el contrato y habría que hacer un desglosado y, posiblemente, tenga que volver a licitarse, con otra licitación”. En este sentido, Del Espino también preveía que “lo más grave y complicado que supone una subida” afecta a plantear “de dónde sacamos ese dinero”.