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El convenio de colaboración configurado entre el Ayuntamiento de Lucena y la Universidad de Córdoba para que la institución académica asuma la investigación y los campañas de excavación en la Cueva del Ángel nace entre la disensión política.

Con los votos en contra de PP, Ciudadanos y Vox, el Pleno aprobaba anoche este acuerdo general por la posición favorable del equipo de gobierno socialista e Izquierda Unida.

Las tres formaciones de la oposición que han rechazado este convenio han insistido, sin éxito, en la integración de miembros del anterior equipo de investigación en el nuevo organigrama que conformará la Universidad de Córdoba. El PP solicitó, en último término, la retirada del punto del orden del día, una propuesta sólo respaldada por Ciudadanos y Vox y que, por tanto, se desvaneció. A priori, el equipo de gobierno se ha comprometido a propiciar una reunión a tres bandas entre la UCO, componentes del anterior equipo de investigación y los portavoces políticos, aunque otras fuentes vaticinan que este encuentro no llegará a celebrarse.

Mamen Beato, concejala de Patrimonio Histórico, exponía que “desde 2020, llevamos trabajando porque en una reunión, viendo las dificultades que teníamos junto con la Junta de Andalucía, a la hora de aprobar los proyectos generales, con el antiguo equipo de investigación, como delegada de Patrimonio se me encomendó la búsqueda de una solución o una alternativa”. Así la cosas, proseguía, “lo que llevamos aquí, a esta mesa, es una alternativa a la solución, que es el acuerdo de un convenio con la Universidad de Córdoba”.

Antes de la sesión plenaria, los cinco grupos mantuvieron una última reunión al objeto de conseguir acercar posturas y lograr el consenso sobre un proyecto troncal y de primordial trascendencia en el patrimonio histórico y arqueológico local.

Esta decisión plenaria supone el final, en el estudio de la sima y de la covacha ubicadas en la Sierra de Aras, del equipo de investigación dirigido en las últimas décadas por Cecilio Barroso y envuelto, en los últimos años, en polémicas y fuertes y tensas discrepancias con el Consistorio y la Junta.

A este convenio marco ha de sucederle, en menos de un año, un convenio ya específico sobre las acciones concretas a desarrollar.