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El tiempo vuelve a acelerarse en contra de los vecinos del núcleo de Campo de Aras de Lucena. El instructor del procedimiento sancionador impulsado por Confederación Hidrográfica del Guadalquivir propone desestimar las alegaciones del colectivo de vecinos y, en consecuencia, clausurar, en un plazo máximo de un mes, las extracciones de agua utilizadas por los residentes en esta zona para su abastecimiento, al considerarse irregulares y fuera de normativa, y una multa económica de 2.000 euros.

El Ayuntamiento, que ya conoce la resolución desde hace una semana, celebraba, el pasado viernes, una reunión interna, entre el personal técnico y los responsables políticos, para fraguar el sentido de unas alegaciones, a priori ya encauzadas, que han de presentarse, como máximo, en diez días. Ayer mismo, el alcalde, Juan Pérez, y el concejal de Urbanismo, César del Espino, mantenían una conversación con la jefa de gabinete del presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, para tratar de hallar un desenlace pactado y convenir una próxima cita con el máximo responsable de este organismo gubernamental, Joaquín Páez.

El alcalde, Juan Pérez, en los últimos minutos del Pleno de la noche de este martes, se manifestaba prudentemente optimista ante una solución favorable de esta grave controversia iniciada hace unos meses.

El regidor socialista comentaba que “hay interés, por parte de la corporación, de los técnicos” y “estamos buscando soluciones, mañana –por hoy miércoles- voy a plantear lo que he hablado con Confederación, y espero que, como hay voluntad por todas las partes, podamos encontrar el camino que es lo que queremos todos”.

Ante el interés de Izquierda Unida, el alcalde avanzó que intentaría adelantar a este miércoles mismo la reunión, en principio, concertada para el viernes con los representantes de la asociación de vecinos Crisaras.

El portavoz de Izquierda Unida, Miguel Villa, que hablaba de captaciones ilegales al aludir a las canalizaciones de Campo de Aras, urgía al alcalde a agilizar, al máximo, la agenda de encuentros bilaterales porque el calendario apremia y miles de personas pueden perder el acceso al agua potable.

Villa avisaba de que “si se corta el pozo, dentro de un mes, y si no de un mes, de dos, mucho peor, nos ponemos en las puertas de un nuevo verano” y, entonces, “3.000 o 4.000 vecinos que viven en verano, más los que actualmente residen carácter habitual, se pueden ver sin uso de agua” y, sentencia, Miguel Villa, “el conflicto es mayúsculo”.

Si no prosperan estas últimas alegaciones, que se aceptan, por parte de la Confederación, hasta final de esta semana, la última vía sería el recurso en la jurisdicción contencioso-administrativa.