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La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a un año y medio de cárcel delito grave contra la salud pública a ocho integrantes del clan de Los Chorizos de Estepa.
 
En el juicio, previsto para este martes, ha habido una conformidad entre la Fiscalía, que pedía para ellos cuatro años de cárcel, y la defensa, y finalmente el tribunal ha acordado imponer esta pena de prisión. Los acusados de esta familia, entre los que se encuentra la matriarca, han aceptado la pena, según confirman fuentes judiciales.
 
Además, la Audiencia ha condenado al proveedor de las drogas a una pena de tres años de cárcel, más el pago de una multa de cerca de 108.000 euros. A la pareja de este proveedor, le impone la pena de un año y nueve meses, en calidad de cómplica.
 
Al ser una condena de confirmada,  el fallo es firme y no puede ser recurrido.
 
La Audiencia considera que la matriarca y su pareja, al tener antecedentes por tráfico de drogas, se le debe suspender la pena privativa de libertad por un periodo de dos años si hacen frente a una multa de 24 meses con cuota diaria de seis euros: en total: 4.320 euros. Pero ambos condenados vuelven a cometer un delito, se le revocará esta multa y deberán ingresar en prisión.

Los hechos por los que han sido condenados ocurrieron en febrero de 2017. El caso se originó tras las numerosas quejas" que hubo en Estepa, después de que el clan de ‘los Chorizos’ regresase a la localidad tras los incidentes del verano de 2014, cuando varios vecinos llegaron a quemar las casas donde vivían los acusados y otros familiares por una oleada de robos.
 
Los vecinos alertaron del trasiego habitual de personas consumiendo y traficando con droga… en la operación de la Guardia Civil en la que fueron arrestados, los agentes se incautaron de más de un kilo de cocaína, 200 gramos de heroína, diez vehículos y bloquearon 310.000 euros en cuentas bancarias. 
 
Este caso se originó tras las numerosas quejas" que hubo en Estepa después de que el clan de ‘los Chorizos’ regresase a la localidad tras los incidentes del verano de 2014, cuando varios vecinos llegaron a quemar las casas donde vivían los acusados y otros familiares, aunque luego fueron rehabilitadas por la Junta de Andalucía.
 
Los vecinos también recurrieron al Defensor del Pueblo Andaluz, ya que temían que el barrio donde residen varios integrantes del clan se convirtiera en escenario de tráfico y consumo de drogas.
 
Varios guardias civiles de Estepa y Osuna empezaron entonces a vigilar el inmueble de la matriarca y las residencias de sus hijos en febrero del 2017. Comprobaron que existía un trasiego abundante de consumidores de estupefacientes y una venta constante de esas sustancias en la puerta de las tres viviendas.

Un único proveedor de las drogas en Osuna

El 17 de febrero, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Estepa autorizó la intervención de las comunicaciones entre los acusados. Los agentes constataron que la pauta era "siempre la misma", que miembros de la familia se desplazaban "de forma diaria" a la barriada de La Paz, en Osuna, donde adquirían la droga a un "único proveedor".

La Guardia Civil también vio que la familia vendía las sustancias en una parcela en el Camino del Jarambel, en Estepa, y, previa autorización del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de la localidad, el 15 de marzo entró en la vivienda  que contaba con "medidas de seguridad destinadas a impedir el acceso" policial.
 
Al registrar la casa, los agentes vieron que "junto al dormitorio de los hijos menores" había un "fumadero" en el que hallaron "numerosos recortes de papel aluminio y paquetillas ya consumidas".

La matriarca del clan ingresó en prisión provisional el 16 de marzo de 2017, aunque fue puesta en libertad un mes después, el 17 de abril, mientras que sus proveedores entraron en la cárcel el 31 de marzo y salieron el 25 de mayo y el 7 de julio.
 
La investigación de los hechos que se enjuician desde hoy se saldó con 15 detenidos, la incautación de más de un kilo de cocaína y 200 gramos de heroína, además de otras sustancias, y del bloqueo de más de 310.000 euros en cuentas bancarias.  En uno de los registros, la Guardia Civil encontró droga oculta en una caja fuerte.