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La campaña de vacunación en centros asistenciales del distrito sur de Córdoba, iniciada a finales de diciembre, discurrió con normalidad y únicamente se constataron incidencias aisladas.

Una de ellas, la única que ha trascendido al ámbito judicial, tras la intervención de la Fiscalía de Córdoba, se originaba en la Fundación Arjona Valera de Priego de Córdoba, donde siete residentes, directamente o a través de sus familiares, rechazaron la vacuna.

Ahora, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de la localidad acuerda autorizar la administración de las dosis contra el covid-19 a cuatro de estos usuarios de la residencia. En distintos autos, el juez argumenta que, pese a que la vacunación es voluntaria, existe un marco legal básico para establecerla como forzosa en contextos de epidemias.

Los familiares alegaron, para oponerse a la vacuna, las graves contraindicaciones de los efectos secundarios, la incredulidad sobre los beneficios de esta protección científica o casuísticas particulares tales como que una usuaria ya había superado el virus.

La médico forense rebate estas consideraciones porque sostiene, que estos cuatro internos, no padecen enfermedades que excluyan la vacunación.