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La junta de seguridad extraordinaria que se ha desarrollado este viernes en Pedrera ha concluido que los incidentes con la comunidad rumana de este pasado fin de semana no se deben a un repunte de delicuencia. Las causas pueden ser problemas de integración y de entedimiento social. Lo ha dicho el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Ricardo Gil-Toresano, que confirma que se mantendrá el refuerzo de la Guardia Civil de forma preventiva.
 
Poco más de una hora ha durado la mesa de seguridad en el salón de plenos del Ayuntamiento de Pedrera. El primer mensaje que se ha transmitido tras la junta es que los incidentes entre rumanos residentes y pedrereños pueden haberse debido a problemas de integración y entendimiento social. No hay más delincuencia en el municipio, incluso la tasa de delitos está por debajo de la medida de la provincia de Sevilla. El subdelegado del Gobierno, Ricardo Gil-Toresano, asegura que la calma ha vuelto a las calles.
 
Pero se mantendrá de forma preventiva el refuerzo de seguridad, con más agentes de la Guardia Civil. Esta semana ha habido hasta 37 efectivos controlando la situación para evitar nuevos disturbios.
 
En cuanto a las causas de lo que ha ocurrido, el alcalde de Pedrera, Antonio Nogales (IU), ha anunciado que la próxima semana reunirá a agentes sociales, colectivos, partidos y empresarios para reflexionar y analizar el clima social, los factores que han encendido la mecha, y para decidir con calma y respeto, las medidas para devolver la confianza  y la convivencia.
 
El regidor asegura que asume su responsabilidad por lo que ha pasado y emplaza a todos en el municipio a abordar el problema con respeto para borrar la imagen de intolerancia en Pedrera.
 
Nogales ha vuelto a reconocer el "grave error" que cometió por sus declaraciones durante  la asamblea del pasado domingo, cuando manifestó, de forma irónica, que le “gustaría  ver  a gente fusilada”.
 
Con respecto a los detenidos e implicados por los incidentes, son siete los arrestados, tres de nacionalidad rumana y cuatro, pedrereños por la participación violenta en las protestas. Todos están en libertad provisional a la espera de resolución judicial.  Otras ocho personas han sido investigadas, una de ellos por incitar en las redes sociales los desórdenes públicos. Se les impondrán posiblemente sanciones.