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El ministro de Agricultura y Pesca en funciones, Luis Planas, ha manifestado en declaraciones a la Cadena SER Andalucía que espera que antes de que acabe este año haya una primera resolución del panel de expertos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) dando la razón al sector de la aceituna negra y obligando a Estados Unidos a tumbar los aranceles de cerca del 35%.
 
Entre tanto, el sector afronta una próxima campaña con una cosecha más corta y con incertidumbre y la previsión de que seguirá perdiendo mercado estadounidense, debido a que van ganando terreno países competidores como Egipto y Marruecos.  Los productores y la industria insisten en reclamar a Europa ayuda económica para afrontar el proceso legal.

Los productores de aceituna de mesa afrontan próximamente una campaña de aceituna de mesa con una caída de la cosecha debido a la sequía, aunque con la previsión de que se mantendrán los precios en origen. Las cooperativas iniciarán el periodo de recolección con una mayor incertidumbre que el año pasado -cuando empezaron a aplicarse los aranceles  de Estados Unidos a la aceituna negra- debido a que se sigue perdiendo cuota del mercado estadounidense y a que la competencia es mayor para colocar el producto en otros destinos, como países de Asia y Oriente Medio.
 
Gabriel Cabello, presidente de Agro Sevilla, en La Roda de Andalucía, la mayor productora y exportadora de aceituna de mesa en el mundo y responsable sectorial de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, advierte de que conforme pasa el tiempo, la situación se hace más complicada para los productores.
 
Calcula que la próxima campaña la cosecha será más corta, con una caída de en torno al 20% con respecto al año pasado, aunque con un tamaño idóneo el fruto.
 
Sobre el panel de expertos de la Organización Mundial del Comercio, confía en que se logre un dictamen favorable. Pero remarca que mientras tanto, la industria española y los productores necesitan un mayor apoyo por parte de las instituciones. Insiste en reclamar ayuda para el coste jurídico del proceso, que ha supuesto un gasto de más de cinco millones de euros.
 
El sector cifra en 35 millones de euros las pérdidas por estos aranceles, que alcanzaron casi el 35% a partir del 1 de agosto del año pasado.