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Cruce de reproches políticos en Estepa por la suspensión este curso del programa de auxiliares extranjeros de conversación en los centros bilingües, que ha supuesto que la localidad deje de tener en sus aulas unos siete estudiantes que acompañaban y ayudaban en el aprendizaje de idiomas.

El alcalde de Estepa, Antonio Jesús Muñoz Quirós, expresó el "malestar" de la administración municipal por la suspensión de este programa en la apertura del curso escolar en Secundaria. El regidor responsabiliza a la Junta, le acusa de un nuevo “ataque” a la enseñanza pública y un deterioro de la calidad educativa al renunciar a este programa por no querer, a su juicio, dar de alta a la Seguridad Social a los estudiantes extranjeros que participan y que trabajan apoyando el aprendizaje de los idiomas, tanto en Primaria como en Secundaria.  

Por su parte, el Partido Popular en Estepa acusa al Gobierno central de la supresión de la figura de los auxiliares de conversación, tras la multa de cinco millones de euros impuesta por la Inspección de Trabajo en la provincia de Sevilla, al considerar que estos estudiantes extranjeros que ayudan al aprendizaje de idiomas deben estar dados de alta en la Seguridad Social.


 


María Remedios Olmedo, portavoz del PP en Estepa y parlamentaria andaluza, hace hincapié en que la figura del auxiliar de conversación ha estado aplicándose en las últimas dos décadas sin ningún tipo de problemas. Alude a que en la regulación sobre sus funciones no se recoge que haya una relación laboral, por lo que, incide, estos estudiantes no cotizan a la Seguridad Social. En todo caso, desde el PP reclaman una coordinación entre los Ministerios de Educación y Trabajo y que se dé seguridad jurídica.

El Gobierno andaluz también ha reclamado al Ejecutivo central que adopte las medidas necesarias que se pueda restituir este programa estatal de auxiliares de conversación extranjeros. Señala que el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes es el que desarrolla el programa de auxiliares de conversación y, en virtud de estas competencias, el que convoca anualmente las plazas, selecciona a los participantes, determina el número que corresponde a cada comunidad autónoma y los asigna. Por tanto, “es la Administración General del Estado la que define la figura de los auxiliares y les da su configuración jurídica y su cobertura legal, mientras que las comunidades autónomas no tienen potestad para decidir el margen de las condiciones establecidas por el Ministerio, ni capacidad de decisión sobre las bases del programa, aunque sí asumen la mayor parte de la financiación”.

La Junta considera que el proceso abierto por la Inspección de Trabajo “cuestiona el desarrollo del programa estatal de auxiliares de conversación en Andalucía, única comunidad autónoma en la que se han adoptado esta medida, por lo que la comunidad educativa andaluza es objeto de un agravio respecto al resto de España”.