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Un informe policial de la UDEF incorporado al caso de supuesto desvío de dinero en el Consorcio de Medio Ambiente Estepa-Sierra Sur e irregularidades en la contratación señala que la trama alcanzó presuntamente a la Mancomunidad de Municipios de la Sierra Sur, un organismo encargado de servicios culturales, sociales y operativos en el que están integrados cinco localidades de la comarca. La Policía señala en ese oficio al que fue presidente de esta Mancomunidad hasta 2020 y exalcalde de Los Corrales, Juan Manuel Heredia Bautista, que actualmente ejerce como diputado en la Diputación de Sevilla.

En el informe la unidad policial dedicada a combatir el blanqueo de capitales y la corrupción en Sevilla aporta pruebas y testimonios sobre cómo la presunta corrupción ejercida por el secretario del consorcio, José Antonio Mañas y el jefe de la planta de reciclaje, Manuel Ibáñez, los dos principales investigados, alcanzó a la Mancomunidad de la Sierra Sur.

En el escrito policial incorporado a la causa se exponen una serie de investigaciones que explican el supuesto papel que asumió el exalcalde de Los Corrales. Según la Policía, actuó de manera concertada con el secretario del Consorcio  para desviar fondos públicos, a través del pago de facturas emitidas por la sociedad instrumental Magno –de la que Mañas fue socio, que se extendieron tanto al Consorcio como a la Mancomunidad de la Sierra Sur.

El informe señala que se pactó a finales de 2015 un contrato entre el Consorcio de Medio ambiente y la Mancomunidad de la Sierra Sur por valor de 1,1 millones de euros y por ocho años de vigencia,  a través del cual Magno aportaba tres camiones de basura. Pero, según la Policía, esa sociedad no dispuso de ningún vehículo a su nombre hasta diciembre de 2016, por lo que duda de que se cumplieran los términos del contrato.

La Policía considera que el expresidente de la Mancomunidad y actual diputado Juan Manuel Heredia Bautista ejerció su cargo como presidente de este organismo entre 2012 y 2020 sin la supervisión efectiva de un órgano competente. Los investigadores señalan en el escrito que el exalcalde de Los Corrales propuso el convenio con el Consorcio en una reunión con el resto de alcaldes mancomunados a finales de 2015, pero no aportó documentación o detalles sobre ese contrato; y que durante el primer año de ejecución de ese convenio, la Mancomunidad de la Sierra Sur asumió gran parte del gasto generado por el servicio de recogida de basura; sin embargo, el Consorcio estuvo recibiendo transferencias mensuales por valor de más de 11.000 euros de la Mancomunidad por este servicio.

El incumplimiento del contrato, dice la Policía, tuvo que ser conocido por el propio presidente de la Mancomunidad. Pero no hay datos, añade el informe policial, que acredite que Heredia Bautista reclamara responsabilidades al Consorcio por no cumplir con el contrato de la basura. Esto permitió, dicen los investigadores, que la sociedad instrumental Magno obtuviera ingresos del Consorcio por valor de más de 120.000 euros, y sin haber aportado ningún camión para la recogida de los residuos. Por tanto, esta sociedad cobró dinero público por un servicio que debía prestar a la Mancomunidad y sin embargo, fue este organismo y el propio Consorcio de Medio Ambiete los que lo prestaron.

Los investigadores creen que el exalcalde de Los Corrales y por entonces presidente de la Mancomunidad pudo haber ocultado esta situación al resto de alcaldes del organismo mancomunado.

La Policía piensa que Heredia Bautista, actual diputado del PSOE en la Diputación de Sevilla, fue el promotor del convenio de la Mancomunidad con esa sociedad instrumental con la que supuestamente los dos principales acusados de la causa –el secretario del Consorcio y el jefe de planta- desviaron dinero y se enriquecieron.
 
El informe de la UDEF entiende por las pruebas practicadas que el secretario del consorcio y supuesto cabecilla de la trama intentó sin éxito controlar al mismo tiempo las cuentas del Ayuntamiento de Los Corrales, La Mancomunidad y el Consorcio para ponerlos a disposición de intereses particulares.

Hace un año que estalló este proceso, que investiga un juzgado de Estepa. El juez que instruye la causa sigue tomando declaración a testigos e implicados. De momento, en un auto de finales del año pasado, cifró de forma provisional y a la baja en 3,4 millones de euros el fraude y daño económico ocasionado al ente público.