Estepa

El juez cifra en 3,4 millones el fraude económico al Consorcio de Medio Ambiente Estepa-Sierra Sur

Lunes, 11 Enero 2021 12:51 Redaccion 
Pide que se haga frente a esta cantidad como responsabilidad monetaria a los investigados
El juez cifra en 3,4 millones el fraude económico al Consorcio de Medio Ambiente Estepa-Sierra Sur
El juez que investiga el supuesto caso de corrupción en el Consorcio de Medio Ambiente Estepa-Sierra Sur que afecta fundamentalmente al secretario del organismo, José Antonio Mañas,  y al jefe de planta, Manuel Ibáñez, cifra de forma provisional y a la baja en 3,4 millones de euros el fraude y daño económico ocasionado al ente público.

En el auto, al que ha tenido acceso SER Andalucía Centro, el juez instructor del caso explica el supuesto fraude que articularon el secretario y el jefe de planta con sus respectivas parejas a través de la mercantil Magno Ambiental del Levante de la que fueron administradores, sociedad con la que facturaron contratos para el Consorcio de Medio Ambiente.
 
Según la investigación judicial, el secretario del consorcio ordenó pagos por valor de 1,8 millones de euros a esa sociedad. Buena parte de los contratos pudieron ser ficticios y simulados, señala el magistrado en la resolución judicial. El secretario del Consorcio de Medio Ambiente de la Sierra Sur contrató con esa empresa el arrendamiento de camiones, a pesar de que el organismo ya contaba con estos vehículos para el servicio de recogida de residuos. Incluso, el propio consorcio llegó a vender a la empresa dos camiones por el irreal precio de 181,50 euros. Se le facturaba por camiones que nunca llegaron a usarse. Por ejemplo, uno de ellos seguía en las instalaciones de la vendedora en Puente Genil a principios del año pasado, poco antes de que estallara el caso.
 
En el auto, el juez también explica cómo los dos principales investigados, el secretario del consorcio y el jefe de planta, supuestamente blanquearon cantidades de dinero ilícitas, mediante la compra y venta de fincas rústicas. Incluso, llegaron  facturar con la empresa Magno Ambiental el suministro de productos y bienes y agrícolas. El juez cuantifica como mínimo en 780.000 euros las cantidades que se blanquearon.
 
El juez considera prudente determinar que la responsabilidad monetaria, como mínimo, a la que deben hacer frente los investigados por su presunto enriquecimiento ilegal asciende a los 3,4 millones de euros. Pero reclama a la Intervención General de la Junta de Andalucía que cuantifique el perjuicio económico ocasionado al consorcio, que presta el servicio de recogida  de residuos y tratamiento de la basura en 17 poblaciones de la Sierra Sur de Sevilla.
 
El magistrado instructor del caso también ha solicitado a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos del Ministerio de Justicia la identificación y búsqueda en España deactivos, bienes, instrumentos, ganancias o efectos provenientes de las actividades delictivas investigadas; y el informe sobre los movimientos de capital, adquisiciones o transformaciones de bienes que hayan podido realizarse con el producto de las referidas actividades. Pero de momeno no ha recibido respuesta completa de estos organismos.
 
En el auto, el juez recoge la advertencia de la Policía y de la Fiscalía de que pueden estar produciéndose movimientos en las cuentas investigadas que superan los límites que se establecieron para los investigados.

El PP como representante legal en este caso ha pedido prisión provisional para el secretario del consorcio por riesgo de destrucción de pruebas.

Por su parte, la presidencia del consorcio, que ejerce el alcalde de Estepa Antonio Jesús Muñoz Quirós (que asumió el cargo poco antes de que se desencadenara esta investigación), y que es acusación en el caso, volverá a pedir tanto al juzgado como a la administración central competente en función pública, que suspenda de empleo y sueldo al secretario del consorcio.