Andalucía Centro

Primeras manifestaciones desde el colectivo de trabajadores de la Asociación comarcal de Desarrollo Rural (ADR) Estepa-Sierra Sur sobre el problema de la gestión de los fondos europeos en la comarca, la deuda con la entidad y las decisiones políticas que se han adoptado sobre este problema.


 
Inmaculada Ruiz ha trabajado en la Asociación durante una década, además de un lustro en empresas auxiliares dedicadas a la dinamización social y económica de la comarca. Fue despedida de la asociación con numerosas nóminas pendientes de retribución. Una sentencia judicial le ha reconocido los 15 años de antigüedad y el pago de lo que se le debe. Aún no se le ha abonado nada.
 
Ruiz, que fue concejala socialista en el Ayuntamiento de Estepa durante la etapa de gobierno de Juan García Baena (PSOE) denuncia una "falta de solidaridad con los empleados de la asociación" -algunos llevan 20 meses sin cobrar y en otros casos hay resoluciones judiciales que reconocen el tiempo trabajado y la indemnización; critica la “pésima gestión” del gerente, el exalcalde de Estepa Juan García Baena y la pasividad en general de los representantes políticos y los asociados en la entidad para buscar una solución que permita a la comarca recuperar la administración del dinero europeo: los  4,5 millones al Desarrollo Rural hasta el año 2020.
 
Como representante de los trabajadores en la Asociación, lamenta que los grupos políticos en general y el territorio se hayan desentendido de la situación de la plantilla, con una situación económica y laboral muy delicada, sufriendo las consecuencias del impago de sus nóminas. Ruiz explica que en la ADR había una plantilla de unos cuatro empleados fijos, y que cuando se desarrollaban los proyectos financiados por Europa, el personal estaba integrado por una docena de técnicos y profesionales.

Inmaculada Ruiz se muestra muy crítica con la gestión económica de esta entidad integrada por representantes públicos y privados. Señala que los problemas afloraron en 2014, pero empezaron a producirse en 2011, coincidiendo con la derrota política de Juan García Baena en el Ayuntamiento de Estepa. “La Asociación no podía soportar la estructura que en principio tenía. Y el gerente no asumía la derrota política y quería mantener la misma estructura y ya era inviable. Era insostenible”, indica.  Elude pronunciarse sobre el fondo de la gestión de las subvenciones por desconocimiento, pero admite que probablemente cuando estalló la crisis había un exceso de plantilla. “Dinero entraba, lo que no sé es cómo se hacía el reparto. Pienso que había más número de trabajadores que fondos que entraban”, señala. Por ello concluye: las cososas no funcionaban bien en la Asociación.

 
Sobre la posición de los representantes políticos e institucionales de la comarca, y del resto de asociados, considera que han hecho oídos sordos y se han lavado las manos. “Eran conocedores de la problemática desde 2014. Y no pueden venir ahora echándose la pelota los unos a los otros. Todos son responsables. Si los partidos políticos no son capaces de dar solución a un grupo de trabajadores. ¡Cómo van a resolver los problemas de los ciudadanos de cara a las próximas elecciones municipales!”, exclama Ruiz.
 
En este momento, cuando apenas queda tiempo y sin señales, de momento, de entendimiento entre los asociados para resolver la deuda con los trabajadores y la Seguridad Social –unos 800.000 euros -como paso previo para recuperar la gestión de las ayudas europeas, esta portavoz del colectivo de los trabajadores pide “orden político”. “Pedimos un orden político que nos lleve a una unidad territorial para intentar salvar la situación. Un orden territorial donde haya consenso, acuerdo, diálogo y sobre todo voluntad política”, subraya. Inmaculada Ruiz advierte de que los trabajadores no se van a quedar de brazos cruzados. Con su testimonio dan un primer toque de atención, con "prudencia". Y con esperanzas, hoy son pocas, de que se resuelva este problema laboral, administrativo, económico y político en la comarca.