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El Ayuntamiento de Écija va a remitir un escrito a la Junta de Andalucía para solicitar que investigue la situación de las 91 viviendas de alquiler social de la barriada de La Alcarrachela, que pertenecían a una sociedad pública municipal compradas por un fondo buitre, y si tiene margen de maniobra para intervenir. Lo hace después de que las familias hayan alertado de que la empresa ha vendido 33 pisos, lo que añade más incertidumbre y temor a que especulen con los inmuebles.
 
Una representación vecinal se ha trasladado esta mañana hasta el Ayuntamiento de Écija para pedir una cita con la alcaldesa Silvia Heredia.  Carmen, una de las vecinas afectadas residente en estos bloques de pisos sociales, expresa su temor y la gran incertidumbre por no saber qué pasarán con sus casas donde viven desde hace 25 años.

A mediados de marzo expiró el plazo legal en el que sus alquileres quedaban protegidos, aunque la fecha clave es 2030, cuando acabe el periodo de carácter protegido, de vigencia de la cesión de suelo público por parte del Ayuntamiento.  
Un grupo de vecinos ha mantenido un encuentro en el Ayuntamiento con la alcaldesa y el gobierno local. Según indican, la regidora se ha comprometido a redactar un informe que va a dirigir a la Junta para que se posicione.
 
La alcaldesa ha explicado a vecinos el paso que van a dar. El Ayuntamiento va a redactar un informe que trasladarán a la Junta de Andalucía, documento consensuado con las familias, en el que se solicitará que investigue el caso y pueda ejercer acciones legales o tome cartas en el asunto para proteger a los inquilinos, en algunos casos en situación de vulnerabilidad. Las familias han estado solicitando precisamente desde hace tiempo el respaldo explícito del Ayuntamiento y que demande soluciones o intervenga en la medida de sus posibilidades y competencias. En la reunión con los vecinos ha participado Mario Perea, secretario de Izquierda Unida Podemos, que saluda la decisión del Ayuntamiento. Pide, no obstante, que la administración pública tome partido por los afectados y busque la fórmula para que se recupere el carácter público de estas viviendas. Las familias llevan años luchando también por la vía judicial para recuperar la titularidad pública de los pisos, aunque de momento la justicia se ha pronunciado a favor de la empresa. 

El próximo martes las familias volverán a sentarse con el Ayuntamiento.