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La oposición en el Ayuntamiento de Écija, IU Podemos y PSOE, ha vuelto a pedir una solución política para las familias de las 91 viviendas sociales compradas por un fondo buitre, tras la reunión que han mantenido esta semana con los propietarios y el Ayuntamiento.
La empresa ha comunicado en ese encuentro que no va a mover ficha hasta que se conozca el fallo judicial sobre el futuro de esas casas.

El Ayuntamiento de Écija ha acogido una reunión entre la empresa propietaria de las casas, un grupo de inquilinos y su abogado. En ese encuentro se ha despejado una duda. El 17 de marzo finalizan los contratos de alquiler, que se van a prorrogar hasta que se conozca la sentencia.

Según ha informado el Ayuntamiento, el próximo encuentro se convocará una vez que se conozca el fallo judicial, que se espera en un plazo de un mes. La empresa ya ha adelantado que podría estar dispuesta a llegar a acuerdos con las familias para que puedan comprar sus pisos. Sin embargo, ha planteado de momento cifras que no son las apropiadas, según el gobierno local en el Consistorio, teniendo en cuenta que residen familias con pocos ingresos en algunos en situación de vulnerabilidad.
 
El letrado que representa a las familias, Paco Tejado, gracias a la acción jurídica gratuita de Izquierda Unida Podemos, aprecia un cambio de posición en el Ayuntamiento, en cuanto a que ha pedido a la empresa una solución razonable y realista. En todo caso, se expresa con prudencia teniendo en cuenta que el caso depende de una decisión judicial. 

En cuanto a las deudas que arrastra la empresa por los impagos tributarios, su intención, según el Ayuntamiento de Écija es ponerse al día en unos meses. El Consistorio ha pedido también al propietario que se encargue de la limpieza y el mantenimiento de los bloques, a la vista de la dejadez actual.

Desde Izquierda Unida Podemos Écija insisten en pedir una solución política que permita recuperar el carácter público de estas viviendas sociales. Mario Perea, secretario de la formación, pone el acento en que la venta de los pisos en subasta es nula de derecho porque la empresa incumplió la normativa de comunicar la adquisición en el plazo legal. Recuerda que la administración pública, la Junta, podría haber ejercido el derecho de retracto para que se conservara el carácter público de estos pisos, que pertenecían a una sociedad municipal que quebró.  

La formación anima a las familias a continuar con las movilizaciones, a exigir una solución a la administración pública, independientemente de la acción de la justicia, de la que confía que se pronuncie a favor de los vecinos.
 
El PSOE comparte el mensaje. Afea la posición adoptada por la alcaldesa de Écija, la popular Silvia Heredia, por considerar que se ha puesto de perfil durante este tiempo y ahora se presente como mediadora entre las familias y el fondo buitre. El portavoz socialista en Écija, Sergio Gómez, opina que el gobierno municipal no debe ejercer una mediación sino defender una política que permita recuperar el carácter público de unas viviendas que fueron subastadas y se adquirieron por ese fondo. El dirigente del PSOE insta al gobierno local a que haga las gestiones ante la Junta para que ejerza el derecho de retracto sobre una promoción de pisos que pertenecía al parque público de Écija.