Andalucía Centro

Un grupo de las 91 familias de Écija que viven de alquiler en las viviendas sociales compradas por un fondo buitre se manifiestan esta tarde ante el pleno del Ayuntamiento para pedir el respaldo en el proceso para recuperar el carácter público de los pisos. El propietario tiene deudas que están repercutiendo en los vecinos. En marzo concluye el contrato de alquiler. Los inquilinos, muchos en situación de vulnerabilidad, temen perder sus casas.
 
Las familias se sienten abandonadas por la administración pública, y están indignadas. Comprobamos visitando los bloques de pisos que el mantenimiento es nulo, hay suciedad, grietas en paredes, a la red de saneamiento le falta limpieza,  se forman charcos sucios, existen zonas del suelo hundidas, y aun se ven las señales en un balcón de un incendio en unas cocheras.

Valle lamenta que ahora tengan que responder por las deudas con Hacienda y los incumplimientos tributarios del fondo de inversión que adquirió las casas. Defiende que siempre han pagado el alquiler social.

Loli vive con mucha incertidumbre el futuro más próximo. En marzo se cumplen 25 años desde que residen en este bloque de viviendas, y expira además el contrato del alquiler social. Temen que las condiciones cambien o el propietario tenga planes que pasen por desalojar a la comunidad. Se siente indignada porque ella además fue una de las familias a las que les permutaron su casa en El Picadero por el alquiler social en este bloque.  
Mari Carmen Pérez cuenta que le adjudicaron hace 25 años esta vivienda pública social como madre soltera con cuatro hijos. Vive con ansiedad la situación.  
José asegura que le están llegando cartas con importes económicos de impagos de la propietaria.
 
Estas familias defienden su lucha social y también judicial gracias al trabajo gratuito del abogado Paco Tejado a través de Izquierda Unida Podemos para recuperar la naturaleza pública de los pisos donde residen desde hace casi 25 años. Lamentan que ni el Ayuntamiento de Écija ni la Junta hayan trabajado por protegerles, por preservar el carácter de unas viviendas de suelo público. Se muestran muy críticas con la alcaldesa Silvia Heredia, a la que acusan de sentarse primero a hablar con la empresa, y no con ellos, salvo, dicen, en una ocasión.

En lo político, el grupo Izquierda Unida Podemos han promovido iniciativas en el Parlamento andaluz y en el Ayuntamiento para que se dé una solución a estos vecinos. Mario Perea, secretario de la formación, apela a la decencia política y lamenta que la administración haya actuado en este caso en favor de intereses especulativos. Pero la coalición tiene esperanzas de una sentencia favorable en la demanda judicial que han promovido, un fallo que se espera en dos meses.

Las familias piden respaldo político y ciudadano, que se les escuche, y evitar que el propietario pueda vender o hacer negocio con unas viviendas que se levantaron con carácter público. Por ello, han convocado una manifestación este lunes por la tarde ante la sede del pleno ordinario del Ayuntamiento, en el Palacio de Benamejí. 

Quieren que se visibilice su situación, y que su lucha por recuperar el carácter público de estos bloques de piso sea un símbolo de la reivindicación ciudadana y la dignidad en el acceso a una vivienda.