Andalucía Centro

Recta final en la demanda presentada por un grupo de 91 familias que viven de alquiler en unas viviendas sociales de Écija, en la barriada de La Alcarrachela, que fueron adjudicadas a un fondo buitre en la primavera de 2021, y que luchan por recuperar el carácter público de sus casas.
 
El caso está a la espera de una sentencia que puede resolverse en un plazo de dos meses, según ha avanzado el abogado que representa a estas familias, Francisco Tejado, que ejerce de forma gratuita a través del grupo Izquierda Unida Podemos Écija. A través de esta representación jurídica, los inquilinos llevaron a los tribunales al fondo de inversión esgrimiendo que se incumplió la normativa en el proceso, al no informar de la adquisición de los pisos en el plazo legal, lo que se considera, según el letrado, un vicio de nulidad.
La Junta de Andalucía no lo ve así. Pero el abogado que representa a estas familias considera que la venta se hizo incumpliendo la normativa, y además, la legislación permite la intervención de la Administración mediante el derecho de retracto para revertir la venta y proteger a las familias.

El abogado confía en una sentencia favorable. Así lo ha indicado tras una reunión que ha mantenido esta semana con algunas familias de estos bloques, en algunos con pocos recursos económicos o en situación de vulnerabilidad.
 
Desde Izquierda Unida Podemos Écija esperan una resolución que haga justicia. La formación recuerda que desde hace años estas familias viven en una situación de incertidumbre, por el miedo de que sean desahuciadas por la empresa.
 
Se añade la sombra sobre este fondo de inversión, que tiene un expediente abierto por la Agencia Tributaria por incumplimientos fiscales, según denuncia la coalición, lo que ha aumentado la desconfianza de las familias afectadas. La formación pide empatizar con estos inquilinos y reprocha la posición de la Junta que ha rechazado hasta ahora ejercer el retracto.
Si el juzgado declara nulo la venta de las casas, la administración puede ejercer el retracto y recuperarse la titularidad pública de las viviendas.
 
Las familias han convocado una protesta este próximo lunes por la tarde, a las puertas del Palacio de Benamejí, donde se celebran los plenos del Ayuntamiento de Écija.
 
Las familias presentaron la demanda con el asesoramiento legal de IU. La formación explica que la firma inversora no comunicó como establece la legislación en un plazo de 30 días a la administración andaluza que había adquirido esos pisos sociales por 1,4 millones de euros. Esa comunicación se recoge en la normativa, teniendo en cuenta que las viviendas que compró ese fondo de inversión eran sociales y públicas, ya que pertenecían a una antigua sociedad municipal que quebró.