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Las familias que viven en las 91 viviendas sociales de alquiler de La Alcarrachela de Écija adjudicadas a un fondo de inversión siguen luchando por la vía judicial para recuperar el carácter público de las casas y tener tranquilidad de la cara al futuro. Y lo hacen a través de la representación jurídica de Izquierda Unida- Podemos, del abogado Paco Tejado. Ya está presentada una demanda en un juzgado de lo contencioso administrativo de Sevilla, para que se declare nula la subasta en la que se vendió esa promoción de viviendas a esa sociedad de inversión, por un incumplimiento de la normativa legal.
 
El letrado que lleva el caso ha mantenido en Écija un encuentro con los vecinos promovido por el Grupo Municipal de Izquierda Unida Podemos Écija. El portavoz de la formación, Eligio García, reconoce que está siendo complejo el proceso judicial, pero están decididos a llegar hasta el final para que se haga justicia.
 
El abogado que representa a estas familias, Paco Tejado, confía en que la Justicia les dé razón porque considera que la normativa que regula este tipo de procesos de subasta es clara y en este caso, entiende, se incumplió un trámite. Si la Justicia falla a favor de los inquilinos, las familias tendrían posibilidad de adquirir sus pisos atendiendo a su naturaleza pública. También cabe la opción de que la Junta o el Ayuntamiento compre los inmuebles.

La Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía reconoció que el fondo privado que compró por más de un millón de euros esas 91 viviendas imposibilitó a las familias inquilinas ejercer su derecho de retracto sobre esas casas.