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Un total de 85 familias de las 91 que residen en alquiler en las viviendas sociales de la calle Estatuto de Autonomía de Écija que fueron subastadas y adjudicadas a un fondo de inversión se han adherido a una acción judicial colectiva para que se declare nula esa subasta por incumplirse la normativa durante el proceso.
 
Estas 85 familias viven de alquiler en estos pisos sociales que pertenecían a una antigua sociedad del Ayuntamiento de Écija que quebró. Estos vecinos se han adherido a un recurso ante un juzgado de lo contencioso administrativo de Sevilla para reclamar que se declare nulo el procedimiento de subasta, ya que consideran que se cometió un defecto y no se informó debidamente a los inquilinos para que pudieran ejercer el derecho de retracto y adquirir los pisos cuando salió a subasta.


 
Esta acción judicial colectiva, que se lleva a cabo a través de los servicios jurídicos de Izquierda Unida-Podemos, la ha dado a conocer el portavoz del grupo en el Ayuntamiento de Écija, Eligio García, durante el pleno de esta semana. En su intervención criticaba el papel del PP durante su etapa de gobierno entre 2011 y 2015, y también lamentaba la falta de apoyo en la actualidad a los vecinos de estas casas.
 
El abogado que representa a estas familias, Paco Tejado, confía en que la Justicia les dé razón porque considera que la normativa que regula este tipo de procesos de subasta es clara y en este caso, entiende, se incumplió un trámite. Si la Justicia falla a favor de los inquilinos, explica, el paso siguiente sería que la Junta o el Ayuntamiento de Écija adquiera esos pisos, y se les diera la oportunidad para las familias que tengan los recursos de comprar las viviendas, atendiendo a su naturaleza social y pública.
 
La Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía reconoció que el fondo privado que compró por más de un millón de euros esas 91 viviendas imposibilitó a las familias inquilinas ejercer su derecho de retracto sobre esas casas.