El Ayuntamiento de Écija pide al juzgado que anule la venta de las 91 viviendas de alquiler social de la barriada de La Alcarrachela a un fondo buitre. El alcalde David García Ostos (PSOE) ha firmado un escrito solicitando al juzgado por la vía civil que declare la nulidad de la subasta y la adquisición de esas viviendas por parte de esa empresa, amparándose a unos defectos legales que se produjeron durante el proceso que, entre otras cuestiones, impidieron a las familias ejercer un derecho de retracto y poder optar a adquirir los pisos.
El gobierno local en el Ayuntamiento de Écija ha defendido siempre la necesidad de devolver el carácter público de esas viviendas, pero emplazaba la maniobra a la Junta de Andalucía, como administración competente. El gobierno andaluz no mueve ficha y en este contexto, Alcaldía ha firmado esta solicitud ante el juzgado. Un paso que se da tras años de lucha de las familias y la demanda de los grupos municipales de Izquierda Unida y Podemos, que llevan asesorando jurídicamente y ayudando a estos vecinos desde que se produjo esta subasta hace varios años.
Ahora se abre una vía judicial por lo civil a través de la cual las familias esperan que se les dé la razón y se pueda recuperar el carácter público de estas viviendas, que pertenecían a una antigua sociedad local, Sedesa, que quebró. La protección social de las viviendas afectadas por esta venta se extingue en octubre de 2030.
En estas 91 viviendas de la calle Estatuto de Autonomía viven en algunos casos familias con pocos ingresos. Los vecinos aplauden este paso y confían en que se pueda devolver la naturaleza social y pública de los pisos
